La propuesta de dictamen modifica la naturaleza jurídica del Distrito Federal y sugiere que la ciudad de México sea una entidad federativa, con autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
En ese sentido, la ciudad de México tendrá, al igual que los estados de la Unión, la posibilidad de darse su propia Constitución Política.
Dispone que el gobierno de las demarcaciones territoriales de esta entidad esté a cargo de las Alcaldías, órganos político administrativos que se integran por un alcalde y por un Concejo.
Previamente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Distrito Federal, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, acordaron avalar el dictamen y enviarlo a la Mesa Directiva del Senado para su primera lectura en la sesión de este domingo.
Las comisiones también acordaron realizar cinco adecuaciones al proyecto para incorporar el acceso de las alcaldías a los recursos y ramos federales, en los términos que se prevea en la Ley de Coordinación Fiscal, así como el modelo de dos asambleas: una ordinaria, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y una Asamblea Constituyente del Distrito Federal.
También se convino incluir la facultad de iniciativa para la Constitución Política de la ciudad de México, por parte del jefe de gobierno o por los integrantes del Congreso Constituyente, y un nuevo artículo transitorio para hacer una relación pormenorizada de atribuciones de las alcaldías, basadas en experiencias de ejercicio de gobierno en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Además, se acordó establecer la posibilidad de que los grupos parlamentarios tengan acceso a los órganos de gobierno del Congreso de la ciudad de México y de que las fuerzas de mayor representación asuman la presidencia de dichos órganos.
El proyecto también sugiere que la dirección de las instituciones de seguridad pública de la ciudad de México corresponderán al jefe de gobierno, en los términos que establezca la Constitución y las leyes locales, así como la facultad de nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública.
Prevé que el Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión.