En declaraciones a la prensa, dijo que “cuando los partidos políticos, por escrito y formalmente, soliciten que les den información sobre sus candidatos para lograr finalmente el objetivo de un blindaje electoral, el gobierno (federal) está obligado a contestar por escrito si encuentra o no, si hay elementos o no, de presunción clara de algún aspirante”.
“Nadie se puede lavar las manos y, en este caso, el gobierno de la República, no se debe lavar las manos, debe entrarle. Es su obligación, el gobierno no puede quitarse esa obligación que tiene, porque ellos son los que investigan; no es la sociedad, no son los partidos”, subrayó.
Los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basave, solicitaron ayer que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional expida un protocolo contra la infiltración del crimen organizado en candidaturas a los congresos federal y locales, ante los presidentes de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, y del Senado, Roberto Gil Zuarth.
Cortés Mendoza señaló que es importante que las instituciones del país ayuden a este blindaje electoral. “El primer rasero es que el partido revise dentro de sus militantes, dentro de los ciudadanos que se va a postular, que sea gente de bien”, añadió.
Pero la segunda –detalló–, es que la Secretaría de Gobernación (Segob), que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que los órganos de Inteligencia, que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, puedan conocer de los candidatos de cada partido político.
Ello, para que antes de que inicien los procesos electorales, si se tienen elementos puntuales, puedan mandar una alerta de algún tipo de vínculo de un candidato, independientemente de cualquier partido político con la delincuencia organizada, a fin de que no participe en el proceso electoral.
Precisó que “la Comisión Bicameral de Seguridad debe ser parte para que este proceso se lleve con imparcialidad. La participación es solamente para cuidar el proceso, que sea limpio, correcto y sin sesgos partidistas”.
“Por eso le estamos exigiendo al gobierno de la República que asuma su responsabilidad para que entre todos: partidos, sociedad y gobierno, blindemos los procesos electorales de candidatos que puedan tener vínculos con la delincuencia”, insistió.
Cortés Mendoza también fue consultado sobre el caso de la candidatura de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
Comentó que “ya el Partido Acción Nacional, desde el primer momento que se supo que esta persona podría tener cualquier vínculo, se pidió que se le investigara”.
Aclaró que sin ser una persona militante del PAN –aunque sí miembro de la fracción–, de inmediato se pidió que se separara de la misma y fuera sujeta a proceso.
También –explicó– solicitamos que se le quite el fuero constitucional para que vaya a un proceso, “pero de inmediato, que se busque hacer la justicia en el momento oportuno y correcto, sin buscar cálculos políticos”.