El dictamen, avalado en lo general y lo particular, establece que las exenciones y el otorgamiento de estímulos se establecerán sólo en casos extraordinarios.
En este sentido, la Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México "únicamente establecerán exenciones y estímulos fiscales para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la inversión productiva".
Además para actividades que tengan como fin preservar la rectoría del Estado en la actividad económica, bajo los principios de igualdad, generalidad, temporalidad, legalidad, máxima publicidad y no afectación a las finanzas públicas.
Los legisladores señalaron que la aprobación de la propuesta "generará un impacto recaudatorio" ya que su objetivo es proteger el presupuesto, lo que incidiría de forma positiva en los recursos tributarios.
En México, los últimos dos Gobiernos, entre 2007 y 2018, beneficiaron a unos 153.530 contribuyentes por un monto de 400.902 millones de pesos (unos 20.928 millones de dólares).
Sobre estas condonaciones fiscales se cree que no se efectuaron bajo las condiciones legales vigentes pues carecieron de generalidad, abstracción e impersonalidad.
Ante ello, los legisladores apuntaron como fundamental "generar un cambio en la conducción de la política fiscal en México, en atención al principio constitucional y la exigencia social de equidad tributaria".
Señalaron que se debe terminar "con la práctica del poder público que se ha utilizado de forma errónea para configurar auténticos fraudes fiscales en perjuicio de la nación", tratando de contribuir permanentemente a la inhibición de trato preferencial.
El presidente de la comisión de puntos constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que el dictamen cubre los requisitos más importantes "para que no haya privilegios para nadie, ya que cumple las expectativas de justicia tributaria, proporcionalidad, igualdad, y generalidad".
El legislador explicó que la parte de la exención se dejó "porque cuando resulten catástrofes por fenómenos metereológicos se podrá ejercer esta facultad de exención, o cuando se trastoquen los sectores productivos".
En tanto, la presidenta de la comisión de estudios legislativos, Ana Lilia Rivera, expresó que con esta medida el Estado mexicano "reasume su función rectora en materia de justicia tributaria. Se garantiza la igualdad entre los contribuyentes para que la condonación de impuestos no siga siendo corrupción y privilegios".
Debido a los cambios que se dieron en el Senado ahora, el dictamen debe regresar a la Cámara de Diputados.