La legisladora perredista informó que en la actual administración, a decir del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del total de las personas arraigadas sólo el 20 por ciento es sentenciado, uno de cada cinco, y lamentó que la tortura en nuestro país haya aumentado en un 500 por ciento.
Afirmó que el uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y escrutinio del Ministerio Público, se les impone tratos crueles, degradantes e inhumanos, como tortura sicológica, y amenazas diversas, con la finalidad de obtener una confesión auto inculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas.
Alavez Ruiz, quien estuvo acompañada del presidente y de la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera y Julisa Mejía Guardado y el vocero del GPPRD, Carlos Alberto Reyes Gámiz, anunció que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, presentará una iniciativa para eliminar el arraigo de la Constitución.
Por su parte, Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, llamó a los legisladores de las diversas fuerzas parlamentarias a no caer en un falso debate y buscar defender una figura del arraigo, en virtud de que ha demostrado estadísticamente su ineficacia, y utilización abusiva, y ha abierto una puerta para la violación de derechos humanos, particularmente para la ejecución de actos de tortura.
Moreno Rivera, consideró que la labor de investigación del ministerio público no puede estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos, tortura y demás acciones que se dan en un proceso de arraigo por lo que es importante la derogación de esta figura del texto constitucional.
En su oportunidad, el diputado Reyes Gámiz dijo que “no puede ser que el Estado mexicano tenga como herramienta el secuestro contra ciudadanos -y no se trata de eximir ni dar carta de impunidad a la delincuencia organizada-, pero hasta hoy el saldo-beneficio del instrumento del arraigo es bastante negativo”, destacó.
Puntualizó que no se puede tener una herramienta de aplicación de secuestro, que prácticamente ha ocurrido en muchos casos, por lo que dijo que es necesario que la iniciativa de la diputada Aleida Alavez, se analice y discuta y prospere una reforma, que para las izquierdas, es un tema fundamental porque tienen que ver con las libertades, derechos y garantías individuales, consideró.
Durante la conferencia se recordó que en el marco del Quinto Examen Periódico a México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU celebrado en marzo de 2010, el comité expresó su preocupación la legalidad de la utilización del arraigo en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, a la vez que señaló que “las personas detenidas en virtud del arraigo, corren el peligro de ser sometidas a malos tratos”.
Destacó que la labor del Ministerio Público no puede estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos, y dijo que la eliminación de este párrafo del texto Constitucional permitirá, en el marco del nuevo sistema de justicia penal oral adversarial, fortalecer las tareas científicas y de investigación criminal.