En el proyecto de resolución se enmarcó la competencia de la Sala Regional Xalapa para entrar al fondo de la demanda, dado que esta versa únicamente en la asignación de consejeros estatales de Veracruz.
En el juicio, se confirman las sentencias del tribunal local, al ser infundados los agravios de los promoventes, pues independientemente de que la autoridad responsable haya omitido o no pronunciarse sobre los agravios dirigidos a combatir las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Garantías del Partido relacionadas con el acuerdo emitido, por el cual se efectuó la designación de consejeros estatales, lo cierto es que era procedente el conocimiento por parte del tribunal responsable de la impugnación, porque la designación de Consejeros Estatales del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, se ordenó conforme al cómputo realizado por la Delegación Estatal de la Comisión Nacional Electoral, tal y como lo indicó la Comisión Nacional de Garantías de dicho partido y confirmó la Sala Superior de este Tribunal.
Por otra parte, en cuanto a los juicio ciudadano 5572/12 y 5581/12, se confirmó la sentencia del tribunal local de Chiapas, en el primer caso, promovido por Alma Nélida González Roblero, contra la resolución del tribunal que declaró improcedente su medio de impugnación por irreparable, al haberse instalado el ayuntamiento de Motozintla; las magistradas de Sala Xalapa confirmaron la sentencia, al encontrar la pretensión de la actora como inviable, porque el derecho de ocupar la regiduría, que aduce vulnerado, provino de un error de asentamiento en el acuerdo de cuatro de septiembre, mismo que el instituto corrigió con la emisión del documento que ahora se controvierte.
En cuanto al 5581/12, confirmó la sentencia sobre el desechamiento de la demanda de Yadira Olivia Flores Hernández, en la cual sostenía tener un mejor derecho para ocupar el cargo de regidora de representación proporcional en Tapachula que Denise López Espinal quien fue designada por la Coalición Movimiento Progresista, esto al actualizarse la irreparabilidad del juicio, puesto que uno de los requisitos para la procedencia de los medios de impugnación es que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios. En ese sentido el juicio local devino irreparable, pues de conformidad con los artículos 69 de la Constitución local y 26 de la Ley Orgánica Municipal de esa entidad, los ayuntamientos tomaron posesión el primero de octubre del año de la elección.
Por último, en la sesión pública, por unanimidad de votos, las magistradas desecharon las demandas 5570 y 5583 de este año, promovidas por Nellys Alvarado Albertt y Marcia Consuelo Ascencio Reynoso, respectivamente, en contra de la omisión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto de los Vocales respectivos de las Juntas Distritales Ejecutivas 02 y 03 en Tabasco y Quintana Roo, de resolver las correspondientes solicitudes de expedición de credencial para votar; lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia consistente en haber quedado sin materia, ya que la Secretaría Técnica Normativa del Registro Federal Electoral del referido Instituto, emitió los dictámenes por los cuales declaró procedentes las respectivas solicitudes de expedición de credencial para votar, de ahí que su pretensión se encuentra colmada.
En la sesión pública se resolvieron en total: 9 juicios para la protección de los derechos político-electorales, correspondientes a los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.