Aunque las organizaciones cuentan sólo con cifras aproximativas, ya que desconoce la dimensión real del fenómeno por falta de estudios oficiales, aseguran que los desplazamientos vivieron un auge con el anterior gobierno de Felipe Calderón, cuando se emprendió una campaña militar contra los cárteles del crimen organizado y han vuelto a incrementarse en los dos últimos años.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señala que el fenómeno ocurre de forma "silenciosa" al verse "opacado por otros abusos que ocurren en el país, como la desaparición forzada y los asesinatos".
La CMDPDH comenzó a documentar casos en 2008 y, según apunta, fue en el periodo 2009-2010 cuando se generaron más desplazamientos forzosos, una situación que volvió a repuntar en 2013 y 2014.
El Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno señala en un análisis que entre 2011 y 2013, unas 160,000 personas fueron desplazadas en el país. De ellas casi 142,000 se vieron obligadas a dejar sus casas por la violencia del crimen organizado.
En base a datos periodísticos, CMDPDH señala que casi en la mitad de la treintena de estados mexicanos se ve de forma clara el desplazamiento. Entre los estados más afectados figuran Baja California, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa o Sonora, entre otros.
La causa principal es "la violencia entre grupos delicuenciales que se disputan un área geográfica para monopolizar la venta de drogas", aunque también se dan casos en los que se ha llegado a expulsar a poblados enteros porque a los delincuentes les interesa "controlar los recursos naturales" del territorio.
Además, señala la información, en la mayoría de situaciones estos desplazamientos se dan después de que los desplazados hayan sufrido "previamente un hecho violento como el asesinato de algún ser querido o un conocido, un secuestro, una amenaza directa o un intento de extorsión".
La asociación Refugees International (RI) señaló en un informe presentado en julio pasado que a pesar de que el gobierno mexicano "cuenta con múltiples mecanismos para ofrecer asistencia a los desplazados", "no ha mostrado disposición para admitir cabalmente el problema y apoyar de manera consistente" a los afectados. (DPA)