El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles los informes de las misiones internacionales que acompañaron el proceso electoral 2017-2018.
Entre ellas la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
Armand Peschard, experto internacional de IFES, expuso que se debería valorar lo que ha logrado México en materia electoral y democrática, que lo ha puesto como ejemplo mundial de democracia.
“El triunfo de esta elección no es por el margen, ni por el alto nivel de participación, realmente para mí lo que ha logrado México es convertirse en un ejemplo mundial en el proceso electoral democrático. Es algo que se debería de valorar aquí en México”, expresó.
Se ha logrado la profesionalización de las autoridades electorales del país y el INE de hoy es el legado de muchos ciudadanos mexicanos comprometidos con la democracia electoral de este país, lo que representa una gran fortaleza, afirmó.
Brenda Santamaría, jefa de la Sección de Observación Electoral de la OEA, señaló que pese a ciertos temores de cómo iba a pasar la jornada electoral más grande en la historia de México se realizó de manera exitosa, sin dejar de lamentar algunos hechos aislados y situaciones de violencia.
Alertó que se registraron 103 muertes de actores políticos desde principios de septiembre de 2017 hasta el 29 de junio de 2018, lo que sitúa a este proceso electoral como el más violento en la región, aunque la autoridad federal atendió y reforzó la seguridad en el país.
No obstante, “México puedo celebrar exitosamente el proceso electoral con la participación masiva de la ciudadanía”, destacó.
Los informes destacan la capacidad que demostró el INE para blindarse ante los ciberataques y combatir las noticias falsas a través de Internet y redes sociales.
Se resaltó el tema de la seguridad cibernética y se apuntó que el INE en la etapa previa a la elección era objeto de más de medio millón de ataques cibernéticos cada mes; la mayoría se originó desde servidores locales en México.
Para impedir que los ataques cibernéticos pudieran impactar el proceso electoral, el INE tomó medidas contundentes como fortalecer la capacidad de la división de seguridad informática y contrató a una empresa privada especializada para proteger la red en contra de hackers.
Asimismo se firmaron convenios de cooperación con Facebook, Twitter y Google para monitorear esas plataformas y poder bajar post con informaciones falsas y permitir que el INE verificara cualquier información relacionada con el proceso electoral antes de subirla a la web.
Se contrató también a una empresa para monitorear las redes sociales, con lo que se logró abatir estos fenómenos relativamente nuevos.
Para la fiscalización los observadores internacionales coincidieron en que es necesario que se fortalezca la coordinación con otras instituciones del Estado en materia financiera, para tener mayores herramientas para la investigación e inteligencia financiera.
Otro punto que señalan los informes es la necesidad de analizar una posible reforma a la legislación electoral para hacerla más ágil; incluso por parte de la OEA se comentó que probablemente México no esté a las puertas de una reforma integral masiva, pero sí está abierto a mejorar e implementar cambios y recomendaciones que ha hecho la sociedad civil nacional e internacional.
Los informes subrayan también que el riesgo de fraudes electorales es un reto superado en el país, gracias a las múltiples acciones de los actores políticos y funcionarios electorales que han profesionalizado la gestión electoral, bajo una óptica de imparcialidad y eficiencia.
Sin embargo, el mayor reto para México continúan siendo las prácticas no éticas de competidores y sus respectivas estructuras políticas, sean partidos o grupos políticos, coaliciones, que recurren a estrategias ilegales de financiamiento, promoción, cooptación o inhibición de la participación de los electores.
Así se concluyó que corresponde a las instituciones electorales proteger la democracia electoral, que es como un organismo vivo que se puede fortalecer o debilitar, lo cual es una lucha constante frente a la ambición de los partidos y actores políticos de obtener el poder o hacer todo lo posible para preservarlo.
