Mujeres reclusas por delitos contra la salud han aumentado en 100%, señalan en San Lázaro

Garantizar que se respeten los derechos de las mujeres en reclusión es uno de los objetivos de la Comisión de Igualdad de Género, afirmó ayer su presidenta la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), durante la inauguración del foro “Mujeres en reclusión: legislación y políticas públicas con perspectiva de género, una tarea pendiente” donde también indicó que las condiciones de reclusión de mujeres no son las más óptimas.

La directora ejecutiva de “Equis, Justicia para las Mujeres”, Ana Pecova, señaló que se ha incrementado en 100 por ciento el número de mujeres recluidas por delitos contra la salud, delito que se ha incrementado en 40 por ciento en hombres. Detalló que el 78 por ciento de las mujeres reclusas tienen entre 18 y 40 años y la mayoría no tenían antecedentes penales. Ante la sobrecarga del sistema penitenciario de más de 50 por ciento, planteó promover el uso de medidas alternativas al encarcelamiento e introducir una perspectiva de género en el sistema penal.

Erika Marcela López Vargas, abogada general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), indicó que las historias de reclusión de las mujeres en su mayoría se relacionan con violencia doméstica; planteó que las políticas antidrogas orillan a las mujeres al encarcelamiento y se les victimiza doblemente. Finalmente, llamó a atender la reclusión con perspectiva de género, sobre todo para aquellas mujeres que son madres.

Por su parte, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI) al señalar las condiciones adversas en las que mujeres llegaron a ser recluidas, refirió que hay 250 mil personas internas, de las cuales 12 mil son mujeres a las cuales se les deben dar garantías para erradicar la violencia y la discriminación.

Finalmente, Lorena Cruz Sánchez, titular del Inacipe subrayó que hay un abandono en general de las mujeres en reclusión, quienes viven bajo esquemas de reclusión masculinos: “Los estereotipos de género permiten que las mujeres sean víctimas de violencia institucional”, agregó. Señaló que existen mujeres reclusas fungiendo como “pagadoras”, es decir, aceptaron culpabilidad para liberar a sus parejas o familiares.

Planteó que se ha buscado atender a los hijos de las mujeres reclusas, pero muchas prefieren decir que están muertas a que están reclusas para evitar pena a su familia, lo que imposibilita acercarse legalmente a sus hijos, e insistió en identificar caso por caso para localizar y dar seguimiento a hijos de madres reclusas.