"Si el voto es mayoritario en favor del cambio, obligará al Congreso norteamericano a afrontar el asunto del estatus", explicó hoy el secretario de Estado de Puerto Rico y número dos del Ejecutivo isleño, Kenneth McClintock.
El poder legislativo de Puerto Rico aprobó este miércoles la ley que permite llevar a cabo esta consulta, que tendrá lugar el 6 de noviembre, en coincidencia con los comicios que se celebrarán en la isla para elegir al próximo gobernador.
El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico dio el pasado marzo su apoyo a que la isla decida en las urnas antes de finales de 2012 sobre su relación política con Estados Unidos, un país al oficialmente "pertenece, pero no forma parte" de él, según el Tribunal Supremo estadounidense.
Convencido de que los puertorriqueños querrán cambiar el estatus actual, McClintock dijo que EE.UU. "ha eludido durante 113 años" el tema del estatus de la isla y que con la consulta de noviembre se verá forzado a negociar con los puertorriqueños, pese a que ésta no tendrá valor vinculante alguno.
La consulta incluirá una primera pregunta para saber si los puertorriqueños están de acuerdo con mantener la "condición política territorial actual", a la que se podrá responder sí o no, y una segunda cuestión en la que se les pedirá que manifiesten cuál de tres opciones prefieren.
De esas tres opciones la primera será la llamada "estadidad", que es la que aboga por convertir a Puerto Rico en un estado más de EE.UU., y la segunda la independencia, lo que convertiría a la isla en un país soberano.
La tercera opción será el denominado Estado Libre Asociado Soberano, una opción que supondría colocar a la isla fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de EE.UU. en la que se encuentra ahora y cuya interpretación es una pieza clave en el debate sobre el estatus de Puerto Rico.
El Estado Libre Asociado Soberano consiste en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos se negociarían entre ambas partes como naciones soberanas.
El vicepresidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, cuya formación ha defendido históricamente el actual estatus, insistió hoy a Efe en que la consulta no es vinculante y no tendrá ningún efecto ante la Casa Blanca ni el Congreso.
Además, recordó que el Congreso estadounidense no avaló, como se esperaba, la celebración de un referendo vinculante sobre la situación política de la isla caribeña.
Ferrer criticó además que la consulta sobre el estatus se lleve a cabo el mismo día de la elección a gobernador y opinó que, con esa coincidencia, el Partido Nuevo Progresista (PNP), que se encuentra en el poder y aboga por la anexión a EE.UU., pretende movilizar a su electorado, aprovechando el previsible apoyo mayoritario a la opción anexionista.
Fernando Martín, el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la tercera fuerza política de la isla, señaló hoy a Efe que la consulta de noviembre satisface sus aspiraciones y es una forma de poner fin a un estatus que el PPD ha intentado perpetuar por décadas.
"La consulta obligará al PPD a decidirse sobre si abraza al actual estatus u opta por adoptar la posición de fin de la cláusula", sostuvo Martín, que recordó que es la primera vez que los puertorriqueños serán preguntados sobre si quieren acabar con el actual estatus.
En ese sentido, aclaró que existe una gran diferencia entre la consulta de noviembre y las ya realizadas en 1967, 1993 y 1998, ya que en las anteriores se instaba a los puertorriqueños, solamente, a elegir entre varias opciones, pero no se preguntó, como pregunta inicial, si rechazaban su estatus actual.
En su opinión, Washington tendrá inevitablemente que intervenir si sale la opción del cambio, al no contar "con la excusa de que el actual estatus reside en un colonialismo consentido por los puertorriqueños".