Desde la tribuna advirtió que ante una crisis de seguridad --como nunca se había conocido en la historia reciente de México-- es necesario que el poder militar esté subordinado a la autoridad civil del Estado.
En este sentido, explicó que un secretario civil constituiría un vínculo entre las Fuerzas Armadas, la administración pública y la sociedad, además de que estaría obligado a regular el equilibrio entre la política y la fuerza.
Refirió que el Congreso tiene asignados constitucionalmente amplios poderes para crear, sostener y organizar al Ejército y tiene un papel vital en el mantenimiento del control civil sobre el poder militar.
Sin embargo, acusó que el proceso de reforma y la decisión política de separar la Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas --tal como sucede en los países desarrollados y en la mayor parte de los de América Latina-- se ha visto limitado por viejas prácticas y una institucionalidad añeja que no corresponde a los avances democráticos de la nación.
Recordó que la visión civilista de la Carta Magna destaca “la supremacía de la autoridad civil y su presencia en el puesto más elevado de la Secretaría de Defensa debe ser un constante recordatorio para el grupo militar subordinado, así como el papel que tiene en una sociedad en la cual el mayor propósito del Estado es el bienestar social, antes que el poder militar”.
Por ello, consideró necesario que la sociedad haga un contrapeso al poder del Estado y evite que se acepte la intromisión de militares en asuntos “que no son de su incumbencia profesional, ya que se estará erosionando la legitimidad política y la acción de gobierno”.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.