El coordinador parlamentario de los senadores del PRD consideró que la figura jurídica con la cual se remite el nombramiento mantiene la incertidumbre para que después de más de dos meses de gobierno no se cuente con un titular responsable de la seguridad pública.
"Esta decisión del Ejecutivo federal se inscribe en la misma lógica de resistencia que ya ha sido expresada por los diputados federales del PRI, que interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que el Congreso aprobó en el mes de diciembre del año pasado", aseguró.
Barbosa Huerta señaló que es lamentable que el gobierno federal continúe con estas resistencias, justo cuando el país necesita acciones coordinadas y conjuntas de todos los niveles y órdenes de gobierno para proporcionar seguridad a la población.
Explicó que el nombramiento de Mondragón y Kalb se realiza bajo la figura jurídica at cautelam debido a la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus fracciones XII, XVI y XXX.
"La acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada, por lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sigue vigente en los términos aprobados por el Congreso de la Unión.
Detalló que se mantienen las obligaciones derivadas de la norma impugnada, como lo son la
comparecencia en Comisiones del Secretario de Gobernación y de los funcionarios que sean propuestos en materia de seguridad pública.
