La diputada afirmó que se debe hacer énfasis en la expedición de bombas expendedoras de gasolina y evitar su manipulación para vender cantidades menores. “Es impensable que a pesar de que se realizan operativos, éstos registren anomalías mínimos, cuando la realidad es otra. En los últimos cinco años el robo de combustible aumentó en 400 por ciento y los Estados con más de mil casos en seis años son Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Nuevo León”.
La propuesta plantea establecer acciones coordinadas para coadyuvar con las autoridades competentes en el caso de aquellos establecimientos de servicio de hidrocarburos que presenten irregularidades, y que puedan ser susceptibles de delito y que hayan sido detectadas en los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.
También, crear programas de supervisión focalizada, permanente y prioritaria de productos que integran la canasta básica, a fin de evitar que aumenten sus costos de manera indiscriminada, y cualquier práctica comercial abusiva. Para ello, La Federación se coordinará con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como con autoridades del sector energético y la Procuraduría de Federal del Consumidor.