Uno de los dictámenes solicita al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, a que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar un informe sobre los avances en las investigaciones y resultados obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir de un informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR).
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, subió a tribuna para hablar sobre los temas que fueron aprobados en los dictámenes.
En cuanto al documento que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a enviar un informe sobre el número de denuncias presentadas en materia de desaparición de personas a nivel nacional, y en el ámbito de las entidades federativas, dijo que ese delito constituye una violación grave de derechos humanos y es vergonzoso.
Señaló que el caso extremo de este delito es el de Iguala, donde no importa el tiempo que pase, “la sociedad está esperando una respuesta contundente, por parte del Estado, para dar certeza a lo que ocurrió en el basurero de Cocula”, dijo.
Por otro lado, al hablar del dictamen que exhorta a la Federación, las entidades y al Distrito Federal a implementar acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en los medios de comunicación del país, advirtió que los legisladores no pueden permitir que ninguna autoridad atente contra la libertad de expresión de periodistas o ciudadanos que cuenten con información oportuna.
Detalló que en México, cada 26 horas se agrede a un periodista y, en los últimos 10 años, han muerto más de 105 profesionales de la comunicación, cifra mayor a los que fallecieron durante la Guerra del Golfo o la invasión de Afganistán.
Dijo que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, aunado a que la libertad de expresión está restringida dentro del marco legal, por los llamados delitos contra el honor, que permiten que las autoridades utilicen esta desactualización legal para denunciar y criminalizar a periodistas.
“Desafortunadamente, en México las personas y organizaciones dedicadas al periodismo se enfrentan a riesgos como el hostigamiento y hasta la desaparición forzada; por ello es esencial que el Estado mexicano cumpla con los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país en la materia”, dijo la senadora Cuéllar.
También fue aprobado un dictamen por el que el Senado rechaza cualquier manifestación de discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas; y solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que implemente la difusión de campañas de capacitación en materia de no discriminación y promoción de igualdad de género.
Otro, exhorta al poder Ejecutivo de Sinaloa para informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Esperanza Hernández Lugo y su familia, así como las acciones para garantizar el retorno de las comunidades desplazadas a sus lugares de origen.
Uno más llama a la Secretaría de Educación Pública para que tome las medidas pertinentes que garanticen el derecho de las mujeres a la educación sin exclusión por condición alguna; así como garantizar en el caso de Andrea Martínez, expulsada de un colegio católico en Michoacán por estar embarazada, que no se siga conculcando ese derecho.