Nava Palacios señaló lo anterior en entrevista, luego de celebrarse el foro: “Debate Universitario sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, donde expresó la importancia de que los jóvenes participen con sus puntos de vista y discutan una problemática tan preocupante como es la corrupción que, les dijo, corroe a nuestras instituciones y la vida política del país.
Ahí Nava Palacios les informó porqué suscribió la iniciativa “3 de 3”, al tiempo que lamentó que “un genio” –un senador- modificó los formatos iniciales de dicha iniciativa ciudadana, lo que lo llevó a votar, al final, contra dicha ley por cómo quedó aprobada por los priístas y sus aliados.
Les dijo a los jóvenes universitarios que el sistema nacional anticorrupción debe tener consecuencias y, una de ellas, es que el fiscal anticorrupción “agarre a los corruptos y el sistema de justicia administrativa combata la corrupción”.
Durante la entrevista, dijo: “Debemos empezar a terminar con la impunidad”, y pidió no cejar ni doblar las manos y seguir impulsando las reformas porque “siempre habrá intereses que busquen minar las iniciativas” que pretenden frenar la corrupción y la impunidad. “México ocupa el último, o si acaso, el penúltimo lugar en la materia de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, señaló.
Planteó la importancia de que la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción no esté echa al vapor, con una visión unilateral, sino que, por el contrario contenga el punto de vista de varios actores, por lo que señala que es importante la investigación y el análisis a través de datos, estadísticas, de política comparada de los especialistas.
En la conformación de la ley, demanda el legislador potosino, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, deben participar con sus estudios y análisis, organismos como la OCDE, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, el Centro Espinosa Iglesias, las universidades y la propia sociedad civil.
El legislador considera que el país requiere pronto una ley anticorrupción, pero plantea que esta no debe redactarse con prisas, al vapor, por lo que insiste, se tiene que seguir alimentando con ejercicios de construcción, desde el Legislativo con información y participación de todos los sectores del país.
Considera que el Congreso ha ido avanzando bien, pero ahora falta su implementación, y comenta que de nada sirve crecer a altas tasas de productividad si el en país sigue prevaleciendo una estructura corrompida que simplemente favorece a unos cuantos.
Nava Palacios toca también el tema pero en los estados, y pone de ejemplo a Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, donde afirma que los ex gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge “trataron de pasarse de vivos e implementaron un sistema estatal anticorrupción que los defendiera de todas las corruptelas que cometieron”.
Sin embargo, apunta, los gobernadores tienen un marco estrecho porque, incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ciertos criterios para estructurar los sistemas anticorrupción y acota que los gobernadores tienen un marco mínimo para cubrirse.
Al mismo tiempo reconoce que el Congreso de la Unión, en la definición normativa que viene, tiene frente a sí un tema “bien complicado”, pero apunta que los legisladores, el poder Ejecutivo como el Poder Judicial, deben tener “convicción democrática”.
Igual plantea la importancia de fortalecer los sistemas de información porque no es posible –ejemplifica-, que el Congreso mexicano no tenga una oficina de presupuesto para conocer la información presupuestal que envía la Secretaria de Hacienda, cuyo monto para el año siguiente, tan solo en unas horas se discute y se aprueba.
Nava Palacios termina: “necesitamos invertirle a estos procesos, tiempo, decisión y voluntad política y hacer un esfuerzo gigantesco para atajar no solo a la corrupción sino también a la impunidad”, pues reconoce que en muchos países del orbe como Estados Unidos, Suecia, Suiza, España hay corrupción con la diferencia que hay consecuencias negativas para quien la comete.
Termina planteando una pregunta respecto del informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que observó irregularidades por 165 mil millones pesos de la Cuenta Pública de 2015 por parte del gobierno federal, poderes de la unión y órganos autónomos.
¿Qué sucede, dónde están los recursos, dónde están los responsables de esas observaciones, de esas denuncias penales?, lanza la pregunta el diputado, cuya respuesta queda en el aire.