En un comunicado, la oficina de Alejandro Poiré Romero, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que “en todo momento, la colaboración de agentes de otros países, en particular de los Estados Unidos, se ha sustentado en los acuerdos bilaterales y la legislación vigente”.
Explicó que el marco legal y los acuerdos subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada país, así como que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas.
El documento reconoce los beneficios que ha traído esta cooperación internacional a la lucha que el Estado Mexicano realiza en contra del crimen organizado y señala que “como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el Gobierno de México ha solicitado en ocasiones y eventos específicos al gobierno de los Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados”.
Esta cooperación agrega, se ha pedido “para la obtención de elementos de información específica, definida por el gobierno de México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concretos en materia de seguridad”.
Aclaró la oficina de Poiré Romero que “cuando se realizan, estos operativos siempre se hacen con la autorización, vigilancia y supervisión operativa de agencias nacionales, incluida la Fuerza Aérea Mexicana”.
Se trata, dijo, de misiones para la definición de los objetivos, la información a recolectar, y las tareas específicas a realizar, que han estado bajo el control de autoridades mexicanas, y se han llevado a cabo con sustento en las leyes federales que dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional.
Entre esas atribuciones, agregó se encuentran la de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
Dichos esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la criminalidad y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades mexicanas frente a la criminalidad, agrega el comunicado.
Además señala que “los significativos beneficios del fortalecimiento institucional y combate a la criminalidad derivados de estas capacidades, incentivan al Gobierno Federal a seguir escalando los instrumentos tecnológicos a su alcance, a fin de avanzar con mayor celeridad a la consolidación de un Estado de Derecho más pleno y eficaz para la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos”.
Por otro lado señaló que las instituciones de seguridad en México han fortalecido sus capacidades de investigación, recolección de información y para la prevención y el combate al crimen organizado, con base en la tecnología y equipo que ha recibido el Estado Mexicano a través del esquema de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra los carteles criminales.
El comunicado recuerda que la Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el gobierno de la República contempla como su segundo eje la necesidad de escalar las capacidades técnicas y humanas del Estado Mexicano a fin de combatir con mayor eficacia a la criminalidad.
Como parte de la consolidación de este esfuerzo, informó el organismo, se han desarrollado espacios de análisis y evaluación de inteligencia de cobertura local o regional, donde se conjuntan esfuerzos de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad, y se comparte información y se toman decisiones para el éxito de operaciones.
Estas capacidades crecientes han permitido el debilitamiento de las redes delincuenciales y la captura sistemática de sus cabecillas, reiteró la oficina de Alejandro Poiré.
En dichos mecanismos de trabajo participa personal de Secretarias de Estado y dependencias gubernamentales involucradas y responsables en aspectos de seguridad, entre las que se cuentan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Asimismo señala que “dichos espacios están diseñados con infraestructura y equipamiento humano y técnico para operaciones de gabinete y campo que permiten generar reportes de inteligencia a fin de fortalecer el resultado de las acciones en contra de organizaciones delincuenciales”.
Hoy las instituciones mexicanas que participan en la lucha contra el crimen organizadso cuentan con capacidades para realizar intercambio de información entre diversas agencias nacionales y extranjeras.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad, “el reto de la criminalidad tiene raíces profundas que trascienden las fronteras nacionales y que para su adecuado combate es indispensable la corresponsabilidad y cooperación regional”.
En el caso de los Estados Unidos, la corresponsabilidad, reconocida por el Presidente Barack Obama, se hace más urgente ya que es dicho país de donde surge la enorme demanda de drogas, oferta de armas, y disponibilidad de recursos financieros que nutren al negocio criminal del narcotráfico en México.
Durante la presente administración federal, la agenda de colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos ha incluido, entre otras cosas, la transferencia de equipamiento para distintas dependencias del gobierno federal, la capacitación y entrenamiento de personal mexicano de distintas dependencias en muy diversas tareas.
Esa cooperación también ha incluido, el intercambio de información e inteligencia para el combate a las organizaciones criminales, y el trabajo conjunto para la identificación y combate a riesgos que afectan a la población de ambos lados de la frontera.
En este marco, “se ha puesto a disposición de este esfuerzo binacional la información disponible y las mayores capacidades de recolección de inteligencia al alcance de ambos gobiernos”.
El comunicado emitido por oficina de Alejandro Poiré señala que “todas y cada una de estas acciones se han llevado a cabo con respeto irrestricto a la legislación vigente en nuestro país”.