América Latina y el Caribe necesita refundar su arquitectura productiva

Uno de los mayores retos estructurales de América Latina y el Caribe es diversificar el patrón exportador y reducir la dependencia de las materias primas, planteó el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Antonio Prado, durante su intervención en el seminario internacional La centralidad del trabajo en las políticas públicas y el desarrollo del país realizado los días 3 y 4 de diciembre en São Paulo, Brasil.

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El evento fue organizado por el Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), con el patrocinio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). DIESSE es un centro de investigación del movimiento sindical de Brasil que se encuentra celebrando sus 60 años de existencia.

Para diversificar la economía, Antonio Prado llamó a promover un cambio estructural donde la sostenibilidad ambiental sea un eje transversal. Una refundada arquitectura productiva, dijo, implica promover una política industrial explícita, vincular sectores de baja productividad con los que ya están en la frontera tecnológica, apoyar a las pymes con financiamiento inclusivo, invertir más en ciencia y tecnología, crear mecanismos para mediar en los conflictos socioambientales y apostar por el ordenamiento territorial y la planificación urbana.

Otros desafíos estructurales y coyunturales de la región son, según Prado, aumentar la inversión pública y privada en infraestructura e innovación, mejorar la recaudación fiscal, transitar hacia sendas bajas en carbono, impulsar el comercio intrarregional y reducir la desigualdad del ingreso y la incidencia de la pobreza.

En este marco, el secretario ejecutivo adjunto abogó por el establecimiento de pactos sociales al interior de los países, especialmente "en el actual momento de cambios en las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, con efervescencia social y nuevas modalidades de participación".

"El pacto es un instrumento político que permite implementar, en un contexto democrático, las políticas y las reformas institucionales con perspectiva estratégica de mediano plazo, con menores riesgos de que sean revertidas", dijo.