Marielle Franco, negra, homosexual, procedente de una favela de Río de Janeiro y que se destacó por su enérgica actuación en defensa de las minorías, fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2019 junto con el conductor de su vehículo, Anderson Gomes, tras participar en una reunión política en el centro de la ciudad.
Su asesinato tuvo amplia repercusión internacional y el caso se ha convertido en un emblema de la impunidad para este tipo de crímenes en Brasil.
Por tal motivo, Amnistía Internacional montó este lunes una instalación en las escalinatas frente al Concejo Municipal de Río de Janeiro en la que simula un "proceso judicial" que hasta ahora no se ha iniciado y exige que las familias de Franco y su conductor tengan acceso a las investigaciones policiales, algo que se les ha negado hasta hoy.
"Ya son cuatro años del asesinato y cinco comisarios que se han turnado en la investigación y hasta ahora no respondieron quién mandó matar a Marielle ni han juzgado a las dos personas que fueron detenidas y acusadas de ser los autores materiales del crimen", afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Brasil, Jurema Werneck.
Pese a que los responsables por la investigación detuvieron hace dos años a dos expolicías acusados de haber sido los autores materiales del homicidio, que continúan presos, hasta ahora no han esclarecido quién ordenó el crimen y por qué motivo, dos preguntas que familiares, amigos y correligionarios de la concejala se repiten cada 14 de marzo.
Los dos acusados serán juzgados en un proceso por homicidio agravado, por un jurado que hasta ahora no ha sido convocado.
En la instalación montada en la céntrica plaza de Cinelandia para simular el proceso judicial inconcluso, la organización de defensa de los derechos humanos destacó que las familias de las víctimas y sus abogados siguen sin poder acceder a las informaciones sobre las investigaciones.
De acuerdo con Amnistía Internacional, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantizan a los familiares de este crimen el acceso a las investigaciones y su participación en todas las etapas del proceso, algo que las autoridades no han respetado.
"Los parámetros internacionales de derechos humanos prevén el derecho a la verdad y a la participación efectiva de las víctimas y sus familiares en todas las etapas de los procesos de investigación, especialmente en situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso del asesinato de defensores de derechos humanos", aseguró Werneck.
"Respetar el sigilo no significa faltar con la transparencia. La falta de justicia por la muerte de un defensor de derechos humanos genera un efecto amenazador contra otras personas que defienden la dignidad y la vida. Y hay consecuencias inmediatas y de largo plazo para toda la sociedad", agregó.