El funcionario se refirió en conferencia de prensa a la norma que indica que la controversia debía resolverse "mediante la ley de Expropiaciones", en base a lo dispuesto por el Tribunal de Tasación.
El consejo de administración de Repsol aprobó hoy por unanimidad un acuerdo definitivo con el gobierno de Argentina para fijar la compensación por la expropiación de su filial YPF en 2012.
El acuerdo reconoce el derecho de la petrolera a percibir 5,000 millones de dólares (3,700 millones de euros) en títulos de deuda pública y las garantías para su pago efectivo, tal y como articuló ya el preacuerdo alcanzado entre las partes en noviembre.
Antes del anuncio oficial de Repsol en Madrid, en Buenos Aires ya se daba por descontado que sería aprobado.
Por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó en la capital argentina que el acuerdo con Repsol "es positivo" y "un avance cualitativo" porque agilizará el financiamiento de inversiones para conseguir el autoabastecimiento energético argentino.
El gobierno argentino debe importar actualmente gas para abastecer el consumo interno, un gasto que lastra su balanza comercial.
"A partir de una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, YPF es una empresa emblemática para proveer el autoabastecimiento energético", destacó el ministro.
Capitanich destacó que YPF "creció más de 10 por ciento durante 2013 mientras que otras privadas bajaron 5 por ciento". Con la reciente adquisición de la petrolera Apache, "YPF pasa a ser líder en producción de gas".
La petrolera YPF fue privatizada en 1992, durante el gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999) y en 2012 Fernández de Kirchner anunció la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en poder de Repsol, en una medida que fue aprobada rápidamente por el Congreso.
Argentina amenazó en un primer momento con no pagar indemnización a Repsol. Sin embargo, luego avanzaron las negociaciones tal como establece la ley argentina, que indica que en caso de expropiación se debe fijar la indemnización antes de los dos años, ya que vencido el plazo -en mayo- Repsol podría reclamar ante la Justicia la devolución de las acciones.
Una vez que el consejo de administración de Repsol apruebe el acuerdo en Madrid, éste sería rubricado luego en Buenos Aires y posteriormente necesitará el aval del Parlamento argentino, explicó el jefe de Gabinete. (DPA)