La corte, en una resolución que contó con el voto unánime de los nueve jueces que la integran, decidió que la actual legislación va en contra de la Constitución al no permitir que personas adultas que padecen enfermedades terminales decidan sobre su vida y su momento de muerte.
La Asociación Británica Columbia de Libertades Civiles había presentado una demanda en nombre de dos mujeres gravemente enfermas. Una de ellas murió en 2010.
Como antecedente se tenía una sentencia de 1993 del mismo tribunal. Por entonces la justicia había decidido que la legislación era constitucional. Ahora el Parlamento nacional deberá aprobar una nueva ley en un lapso de dos años.
Hasta el momento sólo la provincia de Quebec contaba con una ley que permite la muerte asistida por personal médico.