Jorge Quijano, administrador de la ACP, indicó que la mediación estaría fuera de las cláusulas que rigen el contrato con el Gupc, concretado en 2009. El consorcio ganó una licitación internacional y está obligado a terminar las obras en 2015.
El Gupc, integrado por la firma española Sacyr Vallehermoso, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (Cusa), demanda a la ACP el pago de 1,600 millones de dólares en sobrecostes por imprevistos.
En medio de tensiones, el consorcio solicitó la mediación de la UE, lo que fue acogido por el comisario de Industria del organismo comunitario, Antonio Tajani, en procura de una solución razonable al diferendo que ha generado preocupación entre los armadores de buques y administradores de puertos.
Sin embargo, Quijano enfatizó que los reclamos son inaceptables para la ACP, que ha se mantenido apegada a las condiciones previstas en la relación contractual vigente.
La ACP reitera que el contrato del tercer juego de esclusas ya tiene los mecanismos de resolución de disputas, y ninguno incluye la intervención de terceros. Esto se debe atender de acuerdo con lo que dice el contrato, puntualizó la entidad canalera en un comunicado.
El pronunciamiento de la ACP se produce tras fuertes denuncias de violación de la relación contractual, por parte del Gupc, el despido de unos 2,500 trabajadores contratados y la disminución del ritmo de los trabajos programados en la vía acuática.
La expansión del Canal fue decidida en un referendo por los panameños en 2006 y permitirá el paso interoceánico de los enormes buques mercantes y gasíferos post Panamax, adoptados por la industria marítima internacional.