No solo la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas de Guardia Nacional y más agentes de la Patrulla Fronteriza sino que además se desataron medidas locales y el accionar de grupos antiinmigrantes sumados a la vigilancia.
La expectación ha sido tal que Discovery Channel lanzó un reality, “Border live”, que se transmite en vivo desde la frontera con México para documentar el trabajo de las fuerzas del orden, así como para compartir historias de inmigrantes y residentes locales.
La preocupación ha sido creciente y eso se confirma con un reciente sondeo entre residentes de San Diego en el que 60 por ciento considera “un problema grave” la migración indocumentada.
En el sondeo realizado en los últimos días por 10news y San Diego Union Tribune, 29 por ciento lo considera “un problema menor”.
El 25 por ciento de los encuestados dijo que cree en los dichos del presidente Trump de que la caravana es como una invasión de criminales, mientras 35 por ciento cree que los defensores dicen que la caravana simplemente busca asilo.
La encuesta también mostró que la mayoría de las personas, el 41 por ciento, piensa que algunos miembros de la caravana tienen una solicitud creíble de asilo.
La mitad de los encuestados creen que la decisión de Trump de desplegar tropas en la frontera fue el movimiento correcto, mientras que 34 por ciento comentó que se opone al movimiento.
Entre los habitantes de San Diego, 48 por ciento expresó que se opone a construir un muro, mientras 39 por ciento se pronunció a favor de levantar la pared.
Un 32 por ciento de los encuestados dijo que ahora es más probable que apoyen el muro, debido a la llegada de la caravana, mientras que 53 por ciento dice que no tuvo impacto ni incidencia.
La preocupación que ha sido avivada especialmente por el presidente Trump ha reactivado al surgimiento de grupos paramilitares que pretenden ayudar a las autoridades desde ranchos en la frontera.
Simpatizantes de grupos de milicias como los Mountain Minutemen con chalecos, rifles y armas automáticas se han
preparando para enfrentar un posible ingreso de miles de migrantes de Centroamérica en lo que denominan una “emergencia nacional”.
La presencia de patrullas ciudadanas no está respaldada por el Departamento de Defensa, según los documentos de planificación obtenidos por Newsweek.
Los oficiales de inteligencia estimaron que 200 "milicianos armados no regulados" operan a lo largo de la frontera sur.
El presidente Trump no ha podido convencer al Congreso para la construcción de un muro de más de 18 mil millones de dólares y para el que mando edificar prototipos en el área de Mesa de Otay, en el Este de San Diego.
En Calexico hace varias semanas se terminó el reemplazo de una sección antigua del muro existente desde la década de los 90 y que abarcó unos cuatro kilómetros.
"En esta área, hemos experimentado muchos cruces fronterizos y la actividad que viene con ello”, dijo Justin Castrejon de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas.
“Muchas actividades ilícitas en la frontera, incluido el contrabando de personas, el contrabando de drogas y cualquier tipo de violencia eran utilizada en regiones como estas”, aseguró.
“Esto es una locura y un derroche de recursos al movilizar a la Guardia Nacional y reforzar a la Patrulla Fronteriza con equipos antimotines, cuando bien podrían haber invertido en más jueces de migración para atender la nueva demanda”, expresó Angélica Salas de CHIRLA.
Desde que un grupo de inmigrantes intentó cruzar a la fuerza por la garita de San Ysidro, grupos antimotines que usaron gas lacrimógeno para dispersar mujeres y niños han estado haciendo operativos de respuesta.
Tanto en las áreas de San Ysidro, Tecate y Mesa de Otay los grupos de seguridad fronteriza se han desplegado como medidas preventivas ante la eventual llegada masiva de indocumentados que pudieran pretender ingresar de forma ilegal.
Si bien los cruces ilegales han disminuido en general, el área continúa activa. El año pasado, el sector El Centro de la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 18 mil personas. Al mismo tiempo, registró 21 ataques a sus agentes.
“No es raro que la gente arroje piedras sobre la valla, ladrillos, bombas Molotov, cualquier cosa para distraer o intentar y obtener una ventaja sobre nosotros", dijo Castrejon.
A lo largo de la frontera suroeste, se desplegaron cinco mil 600 soldados, de los cuales mil 500 se encuentran en California, según el secretario de Defensa James N. Mattis. Sin embargo, ya han empezado a replegarse.
Las tropas permanecerán en la frontera hasta el 31 de enero, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional solicite una nueva extensión.
Esta no primera vez que militares vigilan frontera, en 2010 el presidente Barack Obama envió mil 200 elementos y antes el presidente George W. Bush a unos seis mil entre 2006 y 2008.
Las tropas que se han desplegado a lo largo de la frontera en California, Arizona y Texas, han estado realizando tareas de apoyo para la Patrulla Fronteriza, incluida la instalación y reparación de barreras de alambre de púas.
Se espera que la cantidad de tropas disminuya de cinco mil 400 a alrededor de cuatro mil.
Un funcionario del Departamento de Defensa le dijo a ABC News que los militares pueden comenzar a rotar diferentes unidades dentro y fuera del despliegue de la frontera.
La administración Trump dijo que su decisión de usar gas lacrimógeno a la caravana se tomó solo después de "múltiples instancias" de migrantes que tiraron piedras al personal de la frontera e intentaron romper la cerca.
La política actual de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que cualquier uso de “fuerza menos letal debe ser objetivamente razonable y necesario” para llevar a cabo los deberes de cumplimiento de la ley de un oficial.
Sin embargo, de acuerdo con la política de CBP, los agentes no pueden usar gases lacrimógenos contra mujeres embarazadas o niños.
John Cohen, ex subsecretario en funciones del DHS y colaborador de ABC News, dijo que el gobierno de Obama usó gas lacrimógeno en la frontera, pero solo se permitió como medida defensiva.
Cohen también señaló la parte del manual de CBP que dice que los funcionarios deben considerar otras opciones de fuerza cuando se trata de personas particularmente vulnerables.
La American Civil Liberties Union fue más allá y calificó el uso de gas lacrimógeno como un uso "inhumano" de la fuerza que sentencio forma parte de la "cruzada racista y obsesiva impulsada por Trump"