"Habiéndose retirado las medidas discriminatorias, hemos acordado desarrollar una agenda de conversación que nos permita explorar la conveniencia de la negociación de cooperación en materia, uno: de combatir el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y dos: evitar la doble imposición fiscal", acotó la ministra.
La funcionaria añadió que "no hemos llegado a ningún acuerdo de fondo. Nos hemos dado un plazo de un año para explorar el tema".
Saint Malo hizo el anuncio la noche del martes, al cumplirse el plazo de siete días dado por Panamá a Colombia, mientras sigue vigente un "diálogo ininterrumpido" que fue acogido el viernes por las Cancillerías de ambos países en procura de un acuerdo para resolver sus diferencias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó desde Bogotá lo dicho por Saint Malo y celebró al lado de la ministra de Relaciones de Exteriores, María Ángela Holguín, los resultados de las negociaciones.
"Estaba firmando el decreto a través del cual sacamos a Panamá de la lista de paraísos fiscales luego de que ellos firmaran un memorando de entendimiento donde se comprometían con fecha a negociar un tratado de doble tributación e intercambio de información financiera, que era lo que queríamos desde un principio", expresó Santos.
Las discrepancias tienen su origen en la decisión de Colombia de penalizar, a partir del 1 de enero de 2015, las transacciones de empresas colombianas en el supuesto "paraíso fiscal" panameño, que ha captado millones de dólares de bancos y compañías colombianas.
Ello significa que toda transacción que se haga entre una firma o persona natural colombiana y alguien domiciliado en un "paraíso fiscal" estaría sujeta a la tarifa más alta de retención en la fuente, del 33 por ciento.
La medida unilateral de Colombia fue recibida como un "baño de agua fría" por colombianos residentes en Panamá, que esta semana protestaron contra la decisión del gobierno del presidente de Santos, y adujeron que "Panamá es nuestra segunda patria".
Se estima que en Panamá viven unos 700,000 colombianos documentados e indocumentados.
Previamente, nueve ex presidentes panameños exigieron que Colombia retirara a Panamá de su lista de "paraísos fiscales" y llamaron al gobierno panameño a prever acciones enérgicas de respuesta, incluidas la retorsión.
El abogado panameño Eduardo Morgan declaró a la Televisora Nacional (TVN Canal 2) que Panamá posee una plataforma para negocios internacionales que debe ser preservada. "Somos una economía de servicio, y es un asunto de seguridad", acotó.
Resaltó que debido a esas características especiales, Panamá no puede aceptar el amplio convenio de intercambio de información fiscal aprobado por Colombia, que afecta la inversión extranjera.
Morgan añadió que el 82 por ciento de la economía panameña se enfoca en el sector de servicios, y hay más de 100 sedes de empresas regionales enormes que operan en Panamá. Advirtió que ello "representa para nosotros (fuente de) empleos". De hecho, Colombia es el segundo país con mayor inversión extranjera en Panamá, con un 13 por ciento.
En ese sentido, el jurista indicó que los acuerdos tributarios entre Estados Unidos y Canadá están sujetos a procedimientos que protegen al investigado y el extranjero tiene derecho a la defensa para oponerse a la investigación de organismos tributarios de su país de origen.
Sin embargo, adujo que "Colombia quiere que el intercambio sea automático", lo que representa "un problema" para la economía panameña. (DPA)