Naranjo reconoció que el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas en las provincias noroccidentales de Manabí y Esmeraldas llevará un largo tiempo, por lo que es necesario tener una visión a largo plazo para estructurar un Plan de Reconstrucción.
“Esto debe ser una política de Estado y no de gobierno”, dijo Naranjo, quien era acompañada por el coordinador del Sistema de Naciones Unidas para Ecuador, Diego Zorrilla; y el coordinador de la Unidad de Desarrollo Sustentable y Desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Omar Bello.
En la primera etapa del plan, el gobierno realizará la evaluación y cuantificación del monto de las pérdidas, el impacto económico y social del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que el 16 de abril pasado devastó la costa noroccidental del país, dejando al menos 660 muertos, 23 desaparecidos y 22 mil 754 damnificados.
En esta fase participarán organismos internacionales. En una segunda etapa se realizará una determinación de las necesidades de la zona y, finalmente, la priorización y diseño de políticas para la reconstrucción.
Se usará la metodología de evaluación de desastres desarrollada por Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo con la prensa ecuatoriana.
Entre el 3 y 13 de mayo del 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) levantará la primera información sobre daños y pérdidas en el sector productivo y zonas afectadas en Manabí y Esmeraldas, también se evaluarán los daños registrados en las familias.
Se prevé tomar información de mil 696 empresas de las zonas más afectadas, así como de 97 albergues y refugios y de seis mil 748 familias y 28 mil 785 personas.
De acuerdo con Naranjo, la información que se obtenga de la evaluación -la cual se prevé que esté lista en junio próximo- será el sustento del proceso de reconstrucción.