El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó en un comunicado que su Gobierno está "comprometido" con hacer todo lo posible para acabar con "este abuso flagrante de los derechos humanos".
"Es por esto que mi Administración está emitiendo sanciones históricas que tienen como blanco actores que han perpetrado estos abusos, marcando la primera vez que un enfoque dedicado a la violencia sexual relacionada con un conflicto lleva a la imposición de sanciones de EE.UU.", indicó Biden.
El mandatario precisó que los sancionados son dos responsables de Sudán del Sur, que "supervisaron la violación y el asesinato de civiles durante la guerra civil, y dos terroristas del EI responsable de la violación brutal y la tortura de mujeres y menores yazidíes".
Uno de los yihadistas es Arkan Ahmad Abás al Matuti, comandante del EI en la provincia de Al Yazira, una de las demarcaciones territoriales impuestas por el grupo que se corresponde con parte de la provincia siria de Deir al Zur (noreste), al que EE.UU. acusa de haber vendido a mujeres y niñas yazidíes, y de haberse quedado con algunas de ellas para tenerlas como esclavas sexuales.
El otro es Nauaf Ahmad Aluan al Rashidi, encargado de los pagos a miembros de la organización y a las viudas de combatientes, que trabaja en las operaciones de contrabando del EI, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Según Washington, Al Rashidi está implicado en la planificación, coordinación y ejecución de varios ataques en Siria entre 2018 y 2019, y es también responsable de capturar a esclavas sexuales y de violar a mujeres y niñas yazidíes en Sinyar, en Irak.
Los sursudaneses objeto de las sanciones son el general James Nando, integrante de las Fuerzas de Defensa Popular del país (actuales Fuerzas Armadas y antiguo Ejército Popular de Liberación de Sudán, EPLS), y Alfred Futuyo, gobernador del estado sursudanés de Ecuatoria Occidental y vinculado al EPLS.
El Departamento de EE.UU. explicó que en 2021 milicianos leales a Nando estuvieron detrás de violaciones y de casos de esclavitud sexual de civiles en Ecuatoria Occidental. En 2018, Nando fue responsable del secuestro de cientos de mujeres y menores.
Washington acusa a fuerzas bajo el mando de Futuyo de llevar a cabo ataques en ese estado, que resultó en el secuestro de 887, de los que 43 fueron violados.
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades y activos que las personas designadas puedan tener en EE.UU. y se prohíbe a los estadounidenses tener transacciones con ellos.