El Gobierno japonés ha pedido a China que "quite lo antes posible la restricción", que considera carente de base científica, dijo este martes el portavoz gubernamental nipón, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa en la que reveló la presentación de la queja y calificó la decisión de Pekín de "extremadamente lamentable".
Tokio ha presentado un documento a los miembros de la OMC, el organismo que vigila el cumplimiento y la estandarización del comercio internacional, donde argumenta su oposición al veto.
Japón ha pedido además a China que revise el veto basándose en las reglas de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un acuerdo de libre comercio al que ambos países están adscritos con el bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo en declaraciones en horas previas a partir hoy hacia Indonesia para participar en una cumbre de la ASEAN, donde espera explicar a sus homólogos "con transparencia el proceso de depurado del agua del vertido" para que "comprendan y cooperen en reuniones multilaterales y bilaterales".
La empresa propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima empezó el pasado 24 de agosto a verter el agua tratada de la planta, compuesta por el agua utilizada para enfriar los reactores dañados y su combustible fundido, así como filtraciones de agua de lluvia en las instalaciones que fue contaminada y depurada para eliminar los elementos radiactivos peligrosos.
Países vecinos como China y Corea del Sur han mostrado un férrea oposición al vertido por motivos de seguridad desde que se conociera el plan, pese a que ha recibido el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que dice que se ajusta a las medidas de seguridad internacionales y su impacto a nivel humano y medioambiental será en principio inocuo.
Tokio insiste en que el agua es segura, mientras que Pekín ha decidido imponer en respuesta un veto a la importación de todos los productos marinos del archipiélago y se han registrado campañas de desinformación y acoso a comercios locales.
El vertido ha terminado de tensar una relación ya tirante entre los países vecinos y llevado al Gobierno japonés a anunciar ayudas valoradas en 100,700 millones de yenes (unos 636 millones de euros), el último de cuyos paquetes fue anunciar en la víspera.