Rafecas no hizo lugar al dictamen en el cual el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman e imputó a la jefa de Estado, su canciller, Héctor Timerman, y otros dirigentes kirchneristas.
El fiscal especial de la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó 85 muertos, había denunciado a Fernández de Kirchner y sus colaboradores por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del ataque. Nisman murió cuatro días después de presentar la denuncia, de un tiro en la cabeza.
El juez Rafecas consideró que no había elementos suficientes para abrir una causa penal según lo presentado por Nisman, informó el portal del diario "La Nación", que tuvo acceso a la resolución judicial.
"Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenidas por el fiscal Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente", explicó Rafecas, precisó el periódico.
El magistrado consideró que los análisis de los elementos "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".
"Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas", señaló el juez en la resolución citada por "La Nación".
Nisman había acusado a Fernández de Kirchner, Timerman, el legislador kirchnerista Andrés Larroque, el dirigente Luis D'Elía y el activista Fernando Esteche, entre otros, de "negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía".
La Justicia argentina acusa a siete ex altos funcionarios iraníes, entre ellos al ex presidente Alí Rafsanjani, y a un libanés sospechado de integrar Hizbolá de ser los ideólogos del atentado a la AMIA y pidió a Interpol su captura internacional, aunque hasta ahora sin éxito.
El fiscal Nisman había denunciado que "el plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento" rubricado a principios de 2013.
Según había señalado Nisman, la verdadera finalidad de aquel acuerdo firmado para avanzar en el esclarecimiento del atentado era desvincular a Irán de la responsabilidad por el atentado para acercarse geopolíticamente al gobierno de Teherán, obtener contraprestación energética, intercambiar petróleo por granos y otros supuestos intereses.
Para el fiscal, el Memorando de Entendimiento fue "la excusa" para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas sobre los iraníes requeridos por la Justicia argentina, denuncia que fue rechazada por el gobierno.
El ataque a la AMIA fue el atentado más grave de la historia de la Argentina. Fue el segundo contra un objetivo judío en el país sudamericano tras el ataque explosivo a la embajada de Israel en Buenos Aires perpetrado el 17 de marzo de 1992, que dejó 29 muertos. (DPA)