La Justicia egipcia condena a 43 personas en polémico caso de ONG extranjeras

La Justicia egipcia condenó hoy a penas de hasta cinco años de prisión a 43 trabajadores de cuatro organizaciones no gubernamentales estadounidenses y de una alemana por carecer de permisos y recibir fondos del extranjero.

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Algunos de los 43 trabajadores de ONG acusados de crear y gestionar una organización internacional sin permiso, durante el juicio al que se enfrentaron el pasado mes de marzo en el Cairo.

Un tribunal de El Cairo sentenció a cinco años de prisión a 27 personas que fueron juzgadas en ausencia, entre las que hay estadounidenses, noruegos, serbios y un alemán.

Los otros 16 acusados, entre los que también figuran ciudadanos de EU, recibieron penas menores: cinco de ellos deberán cumplir dos años de prisión con trabajos forzosos, mientras que once fueron condenados a penas suspendidas de un año de prisión.

Los sentenciados, que están obligados a pagar una multa de 1,000 libras egipcias (unos 143 dólares), fueron acusados de crear y administrar sucursales de cinco organizaciones sin autorización del Gobierno egipcio y de recibir fondos extranjeros para llevar a cabo actividades políticas ilegales.

En concreto, se trata de 14 empleados del Instituto Internacional Republicano, 15 del Instituto Nacional Demócrata, 7 de Freedom House y 5 del Centro Internacional para Periodistas, así como dos de la fundación alemana Konrad Adenauer.

El fallo estipuló, además, el cierre de las filiales de esas organizaciones en Egipto y la confiscación de sus fondos y equipos.

Uno de los abogados de los condenados, Saruat Abdulshahid, indicó a Efe que apelará la sentencia y tildó el proceso de "político", ya que, en su opinión, se debe a las discordias sobre las ayudas estadounidenses en Egipto.

Abdulshahid explicó que "la administración estadounidense decidió ofrecer sus ayudas directamente a las ONG que actúan en Egipto y no al Gobierno", algo que fue supuestamente rechazado por El Cairo.

Asimismo, denunció una serie de irregularidades en el procedimiento, como que la investigación del caso corrió a cargo de un comité judicial y no del juez de instrucción reglamentario.

El abogado explicó que los condenados egipcios y sus familiares están "molestos" y creen que, aunque a varios de ellos se les ha suspendido la aplicación de la pena, van a tener dificultades para encontrar trabajo en el futuro.

Una de las personas condenadas que se encuentran fuera del país, la directora de Freedom House en Egipto, Nancy Okail, comentó en su cuenta de Twitter: "Fui sentenciada a 5 años de prisión en el caso de las ONG por trabajar por la democracia y los derechos humanos, mientras que los asesinos de los manifestantes fueron absueltos".

Okail se refirió así a los últimos juicios en los que se ha puesto en libertad a policías y antiguos responsables acusados de participar en la represión de las protestas que llevaron a la renuncia del presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011.

Por su parte, el estadounidense Robert Becker, del Instituto Nacional Demócrata y sentenciado a dos años de cárcel, aseguró en su blog que los testigos citados por la Fiscalía aprovecharon el juicio para criticar a Estados Unidos en lugar de testificar contra los procesados.

Becker, que no quiso abandonar Egipto, insistió en que ese caso "ha sido político desde el principio" y se han emitido las condenas "pese a la falta de pruebas".

El inicio del juicio en febrero de 2012 tensó las relaciones entre Egipto y EU, que en su momento amenazó con revisar la ayuda al país árabe y fletó un avión con un grupo de procesados extranjeros, a los que se permitió viajar previo pago de una fianza.

Egipto es el segundo receptor de ayuda militar estadounidense por detrás de Israel y recibe 1,300 millones de dólares anuales, además de 250 millones en asistencia económica.

La sentencia llega después de que la semana pasada el presidente egipcio, Mohamed Mursi, enviase a la Cámara alta del Parlamento un proyecto de ley para regular las ONG, lo que ha desatado la alarma entre las organizaciones civiles.

Un total de 40 ONG egipcias denunciaron el jueves pasado que dicho proyecto incluye "restricciones legales más severas que las impuestas por el régimen de Mubarak" y revela la tendencia a imponer un mayor control administrativo y policial al trabajo de la sociedad civil. (EFE)