La investigación se inició por unas declaraciones efectuadas por Rehmán en una entrevista televisiva en noviembre de 2010 durante la cual la acusada supuestamente realizó alguna declaración ofensiva contra Mahoma, según un agente de la investigación, Javed Alí.
La denuncia fue presentada por un vecino de Multán identificado por la Policía como Fahim Gul y aunque no ha trascendido el contenido exacto de la entrevista, en enero un magistrado el Tribunal Supremo (TS) ordenó ya que se iniciara la investigación policial.
Rehmán está en el punto de mira de los radicales por sus posiciones liberales y, en especial, por su intento como diputada de promover hace dos años una enmienda a la legislación antiblasfemia de Pakistán, lo cual le costó amenazas de muerte.
Su designación como embajadora llegó después de que la ahora acusada tuviera que desaparecer prácticamente de la vida pública ante el temor de un ataque integrista tras el asesinato a inicios de 2011 de otros dos políticos partidarios de esa reforma legal.
La intervención del TS resulta sorprendente porque habitualmente los casos de blasfemia se abren en tribunales de primera instancia, más propensos a recibir presiones de los radicales, pero muchos son luego rechazados o sobreseídos en instancias superiores.
El propio Supremo rechazó el mes pasado la apelación de la acusación privada contra la absolución de una niña cristiana discapacitada, Rimsha Masih, que fue acusada de blasfemia el pasado agosto en un caso lleno de irregularidades.
La acusación contra la niña, de 14 años y que permanece escondida a pesar de su absolución, ejemplificó los abusos e intereses espurios que se suelen esconder en este tipo de casos en Pakistán.
La legislación antiblasfemia del país asiático surgió en el período colonial británico para frenar choques religiosos, pero las reformas impulsadas en los años 80 por el dictador Mohamed Zia ul Haq (1977-1988) dieron alas a los extremistas para abusar de la ley.