Según los periódicos "Yakarta Post" y "Yakarta Globe", ocho de los nueve condenados fueron ejecutados. Una mujer filipina no fue presentada a último momento ante el pelotón de fusilamiento, indican los medios. La pena en este caso quedó en suspenso luego de que una mujer que había reclutado supuestamente a la filipina se entregara pocas horas antes a la policía.
Existía una campaña para salvar a la filipina, identificada como Mary Jane Veloso, de 30 años, de quien se dice fue víctima del tráfico de personas y engañada por un amigo para que introdujera las drogas en el país en 2010.
Los ejecutados este miércoles eran en su mayoría extranjeros. Además del ciudadano brasileño, la sentencia fue aplicada a cuatro nigerianos, dos australianos y un indonesio, quienes fueron ejecutados pese a los reiterados reclamos de diversos gobiernos y organismos internacionales.
El gobierno brasileño expresó hoy que recibió con "profunda consternación" la ejecución en Indonesia del brasileño Rodrigo Gularte.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff realizó reiterados pedidos a Yakarta para evitar la muerte del brasileño de 42 años, quien según laudos médicos presentados por sus familiares padecía esquizofrenia.
"Lamentablemente, las autoridades indonesias no fueron sensibles a ese pedido esencialmente humanitario", expresó la Presidencia a través de su blog oficial.
En la misiva, la Presidencia señala que durante los diez años en que Gularte estuvo preso en Indonesia, después de haber sido capturado en 2004 al intentar ingresar al país con seis kilogramos de cocaína, el gobierno "ofreció la debida asistencia consular y acompañó sistemáticamente su situación jurídica, en la búsqueda de alternativas legales a la pena de muerte, observando rigurosamente la Constitución y las leyes de ese país".
La familia y la defensa de Gularte intentaron aferrarse a una ley de Indonesia que establece que una persona no puede ser responsabilizada penalmente en caso de que padezca una enfermedad psiquiátrica.
No obstante, el gobierno de Yakarta respondió ante tales argumentos que no había en su legislación nada que impidiera la ejecución.
Gularte fue el segundo brasileño fusilado en Indonesia por tráfico de drogas en lo que va del año. En enero pasado corrió la misma suerte Marco Archer Cardoso Moreira, cuya ejecución provocó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Una de las consecuencias fue que Rousseff se negara a recibir las credenciales del nuevo embajador indonesio en Brasilia, Toto Riyanto, por lo que desde entonces la representación diplomática indonesia está a cargo del encargado de negocios del país asiático.
Australia, por su parte, llamó a consultas a su embajador en Yakarta tras la ejecución de los dos australianos. El primer ministro australiano Tony Abbott afirmó que las relaciones muy importantes entre Indonesia y Australia se habían visto afectadas por las ejecuciones y que no era tan simple volver de repente a la agenda de todos los días.
Los australianos Myuran Sukumaran y Andrew Chan pasaron a ser conocidas figuras en su país a través de la campaña que pedía la suspensión de la ejecución. Incluso Tony Abbott aseguró que ambos estaban arrepentidos y habían hecho un cambio radical de vida.
Sukumaran se dedicó en prisión a pintar y sus obras son exhibidas en muchos sitios en Australia, mientras que Chan se convirtió en predicador y contrajo matrimonio el lunes con una antigua tutora en prisión. Ambos australianos habían sido condenados a la pena de muerte en 2006.
Por su parte, el abogado de los dos australianos afirmó hoy que éstos "murieron bien". El abogado Peter Morrissey dijo que Chan y Sukumaran asumieron su muerte con dignidad. "Es horrible, lo sé, pero los muchachos murieron bien. Hicieron sus preparativos, fueron dignificados. Fueron fuertes ante la pena de muerte y apoyaron a sus familias", dijo Morrissey al canal ABC.
Amnistía Internacional (AI) condenó las ejecuciones. Señaló que eran "completamente reprobables" y destacó que fueron llevadas adelante "en absoluta falta de observación de los amparos internacionalmente reconocidos para el uso de la pena de muerte", según palabras del director para la región de la organización, Rupert Abbott.
En coincidencia con lo exigido hace pocos días por Naciones Unidas, Abbott insistió en que Indonesia debe suspender toda ejecución prevista y abolir la pena de muerte.
Los condenados habían sido previamente notificados sobre su ejecución. Algunos familiares viajaron a la isla de Nusa Kambangan, donde se encontraban recluidos los individuos, para despedirse de sus seres queridos.
Indonesia, no obstante, se mantuvo firme en su dictamen argumentando que esta sentencia es necesaria para contener el consumo de drogas y desalentar a los narcotraficantes a ingresar sustancias en el país. (DPA)