La agresión armada, descrita como "Operation Just Cause" (Operación Causa Justa), fue ordenada por el entonces presidente de Estados Unidos George H. W. Bush para "reinstaurar la democracia" en el país centroamericano, a cuyo líder Noriega se le endilgaban estrechos lazos con Libia y Cuba para aferrarse al poder.
El hoy octogenario general Noriega, preso en la cárcel panameña El Renacer, rompió el silencio para asegurar que la invasión fue un "asalto" a su país, en el que había 14 bases estadounidenses, y defendió recuperar la historia mediante una "orientación académica" para evitar que haya una "república sin memoria". Sin embargo, evitó referirse a las causas del conflicto que engendraron la invasión.
La figura del ex hombre fuerte desata pasiones encontradas en Panamá. Parte de la población opina que le debe ser concedida la prisión domiciliaria debido a su estado de salud y a sus largos años de cárcel en Estados Unidos, Francia y su país natal. Pero también están quienes exigen que siga tras las rejas.
Siendo jefe militar, Noriega enfrentó una oposición interna que lo acusó del asesinato del médico guerrillero Hugo Spadafora y de violación de derechos humanos. Un movimiento opositor denominado Cruzada Civilista, integrado por empresarios y líderes de gremios, recurrió a métodos de desobediencia, pese a lo cual no lograron derrocar a Noriega, cuyas fuerzas controlaron dos motines en la institución armada.
Francisco Rodríguez, presidente de Panamá en 1989 y ex director de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), comentó a dpa que la posterior invasión de Estados Unidos estuvo antecedida de un bloqueo económico, político y diplomático que causó pérdidas millonarias.
Rodríguez, quien no fue condenado, permaneció dos años en la clandestinidad tras instar al repudio internacional de la agresión armada estadounidense y afirmó que uno de los objetivos de la invasión era obligar a Panamá a renegociar un Tratado del Canal que permitiese la prolongación de complejos militares en el país.
En 1989 la vía interoceánica era administrada por Estados Unidos, pero debía ser transferida a los panameños en 1999. El Tratado del Canal preveía un desmantelamiento progresivo de bases y sitios de defensa y el traspaso de tierras y aguas a Panamá.
Rodríguez aseveró que pese a los pretextos de narcotráfico para "poner de rodillas a la institucionalidad del Estado panameño" y justificar la invasión, el objetivo de Estados Unidos de renegociar bases no fue alcanzado debido, según sus palabras, a que "el sentimiento de panameñidad es más grande que cualquier otra cosa".
El actual presidente panameño Juan Carlos Varela declaró el 20 de diciembre "Día de Reflexión", pese a que movimientos integrados por familiares de las víctimas y líderes de organizaciones sociales exigen que la fecha sea un Día de Duelo Nacional, y que haya una reparación de daños.
Grupos artísticos, escritores, muralistas y cineastas fueron convocados por el estatal Instituto Nacional de Cultura (INAC) para recordar la fecha, a través de un programa de actividades que incluye romerías, homenajes póstumos a los caídos y la recreación de escenarios donde hubo resistencia.
La historiadora Ana Elena Porras, del Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña, adujo que la invasión contra Panamá fue "una decisión "excesiva y salvaje", y abogó por que sean declaradas nulas las cláusulas del vigente Tratado de Neutralidad entre Panamá y Estados Unidos.
Una serie de enmiendas al Tratado de Neutralidad prevén que Estados Unidos podría intervenir en este país en caso de que esté en peligro el tránsito de naves en la vía acuática. Pese a ello, esas cláusulas no fueron invocadas durante la invasión a suelo panameño.
El ataque a Panamá fue la mayor operación estadounidense realizada por entonces desde la guerra de Vietnam. Bush envió contra el país centroamericano 26.000 soldados de unidades de élite, de los comandos navales, del ejército y la 82 División Aerotransportada para derrocar a Noriega, que por su parte dirigía a unas Fuerzas de Defensa de 12.000 hombres.
En las 13 horas que funcionó el sismógrafo de la Universidad de Panamá, antes de ser averiado, fueron registradas 422 explosiones de bombas.
Tras los raids aéreos, el populoso barrio de El chorrillo ardió en llamas, mientras que agentes policiales y milicianos de los "Batallones de la Dignidad" disparaban a los helicópteros y tanques estadounidenses en las ciudades Panamá y San Miguelito, en el distrito de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, o en la base de Río Hato, 123 kilómetros al oeste de la metrópoli.
El educatoriano Jaime Ford, uno de los combatientes en San Miguelito, confirmó a dpa que desde el Cerro Tinajita fueron disparados morteros hacia bases áreas del Canal de Panamá. Rememoró que 50 paracaidistas estadounidenses no pudieron tomar esa posición, que luego fue bombardeada.
A su vez, el sacerdote Nicolás Delgado Diamante dijo que divisó a milicianos arriba del edificio Los 15 Altos, en Colón. Los helicópteros ametrallaron el inmueble donde vivían familias. "Fue horroroso ver cómo los cadáveres eran transportados en camiones para repartir leche", recordó con tristeza.
Sin embargo, aún se desconoce el número exacto de víctimas en esa conflagración, que derivó en saqueos a comercios. Organizaciones de derechos humanos estiman en más de 3,000 los muertos en un país invadido donde fueron creados campos de concentración.
Al respecto, el médico Augusto Fábrega, ex subdirector de Docencia en el hospital Santo Tomas, comentó a dpa que en las primeras horas de la invasión la morgue del nosocomio colapsó.
Fábrega pidió al fotógrafo español Juantxu Rodríguez, colaborador del diario El País, de España, que tomase a una fotografía de la morgue repleta de cadáveres, para demostrar al mundo el alcance de la tragedia humanitaria. Poco después, Rodríguez moriría a causa de disparos de soldados estadounidenses, mientras que las páginas de los registros médicos del nosocomio eran arrancadas.
Familiares de las víctimas reclaman que las fosas comunes sean abiertas y aflore la verdad sobre ese hecho traumático. Entretanto, los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Juan Carlos Varela, de Panamá, buscan fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas, en un nuevo espíritu de cooperación. (DPA)