“Las garantías individuales están siendo violadas, prolongadamente, sin que haya la mínima reacción. Se llega al punto de intentar condenar a personas sin siquiera escucharlas”, señaló en una dura nota la presidencia de Brasil.
“El estado democrático de derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, para cohibir la barbarie de la punición sin pruebas y para evitar toda forma de injusticia. En las últimas semanas, Brasil asiste exactamente al contrario”, agregó el texto.
La reacción de Temer -denunciado por corrupción por la fiscalía hace semanas, pero el Congreso impidió que fuera imputado- se produce después de que un informe de la policía federal le apuntara como partícipe en una trama corrupta protagonizada por su formación, el centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el seno de la cámara baja.
La policía asegura en el informe –remitido a la fiscalía y que probablemente sustentará una nueva denuncia contra el mandatario y varios de sus ministros- que Temer habría recibido 31.5 millones de reales (unos 10 millones de dólares) a cambio de favores políticos a empresas locales.
Las fuerzas de seguridad también se basan en la confesión de Lucio Funaro, un excabildero condenado que reveló la supuesta participación de Temer en la recepción de donaciones ilícitas para campañas políticas del PMDB a cambio de crear o modificar leyes que beneficiaran a ciertas empresas, como en el sector aéreo.
El 26 de junio la fiscalía general de Brasil ya había denunciado a Temer por haber recibido supuestamente medio millón de reales (156 mil dólares) ilícitos procedentes del grupo J&F, pero el plenario del Congreso –que debe dar su aval para procesar al jefe del Estado y donde el mandatario tiene sólidos apoyos políticos- rechazó a inicios de agosto que la demanda siguiera su curso.
Sin embargo, desde hace semanas se rumora que el fiscal general presentará una nueva denuncia contra el presidente por obstrucción judicial y asociación ilícita, lo que le obligaría a medir de nuevo sus fuerzas en el Congreso para evitar que sea imputado y, de esta forma, apartado del poder por 180 días.