"Ya me dicen los abogados por ahí que ese es un juez que ayudaba mucho a los narcotraficantes y ayudaba a soltar las bandas, pero en verdad yo no sé, ni tengo nada que ver con eso", indicó Martinelli, en medio de señalamientos sobre la vulneración del sistema judicial.
El mandatario reaccionó a las declaraciones del ex juez, quien denunció las presiones de dos magistrados principales y dos suplentes, y de funcionarios del Órgano Ejecutivo para que fallase procesos contrarios en derecho, lo que supone un nuevo escándalo para el gobierno panameño.
Martinelli respondió a los comentarios del ex juez y adujo que sus denuncias estarían promovidas por la oposición. "Eso está totalmente politizado, lo que está diciendo la oposición. Yo no le pongo caso a esas aseveraciones que hacen ellos".
Ballesteros señaló a los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz por seguir órdenes de Martinelli, en contra del Órgano Judicial. "Me torcieron el brazo (obligaron) y me intimidaron’, confesó el jurista.
Adujo que los magistrados se le acercaron para decirle cómo debía fallar en tres procesos penales: uno seguido a la opositora Balbina Herrera, por divulgar correos de Martinelli en los que detallaba compras con la compañía italiana Finmeccanica, otro involucra a un familiar de Gabriel Btesh (amigo del mandatario), y el bloqueo a la circulación de los diarios La Prensa y Mi Diario.
Debido a ello, los magistrados Oydén Ortega, Harley Mitchell y Víctor Benavides solicitaron una reunión extraordinaria del pleno de la Corte Suprema, para tratar el caso de presunta corrupción, que le costó el cargo al hasta hace poco juez Ballesteros.
Por su parte, la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados exigió este viernes "la inmediata apertura de una investigación transparente donde el principio de bilateralidad y verdad material nos conduzcan a establecer las responsabilidades éticas y penales que este asunto requiere".
Martinelli, quien nombró a varios magistrados, ha negado en varias ocasiones que su gobierno se inmiscuya en las decisiones de la Corte Suprema.