El pasado 29 de marzo, el Senado de Argentina aprobó la legalización de la marihuana para uso médico, lo que marcó un giro en las políticas de drogas que predominaron durante décadas en el país sudamericano y en el resto del mundo.
Sin embargo, la ley no podía entrar en vigor sin la reglamentación que, finalmente, fue publicada este viernes y en la que se crea un “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.
Dicho programa funcionará en la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, será dirigido por un profesional médico y determinará las patologías en las que se autorizará el consumo de cannabis medicinal.
De acuerdo con la reglamentación, dos de las principales y estatales instituciones científicas del país podrán cultivar el cannabis con el que se elaborarán los productos que se entregarán de manera gratuita a los pacientes que se inscriban en el programa.
Los pacientes que no adhieran al programa estatal podrán comprar aceite de cannabis y sus derivados por su propia cuenta a empresas privadas extranjeras, pero ajustados a una serie de procedimientos que determine el Ministerio de Salud.
Podrán inscribirse al programa pacientes en tratamiento para estudio de casos, pacientes en protocolo de investigación, y familiares que actúen como representantes legales.
El principal problema de la ley, de acuerdo con organizaciones sociales, pacientes y familiares, es que no contempla el autocultivo de marihuana y mantiene la criminalización para quienes cultiven la planta prohibida.
En Argentina y en muchos otros países, hay madres y padres de niños enfermos que decidieron cultivar marihuana por su cuenta, a riesgo de ser detenidos, lo que ocurre de manera frecuente pese a que no hay tráfico ni negocio de por medio.
La ley tampoco contempla el cultivo solidario, es decir, el que realizan personas no enfermas para fabricar de manera gratuita el aceite que necesitan otros pacientes.