El proyecto de pago soberano de la deuda fue aprobado por 39 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones en una maratónica sesión que comenzó en la tarde del miércoles.
La iniciativa impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cambia el lugar de pago de los bonos reestructurados a la Argentina o Francia y revoca el mandato del Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario, para ofrecer a los acreedores una alternativa ante las trabas a los cobros de vencimientos impuestos por fallos de la Justicia estadounidense.
El presidente del bloque de diputados por el Frente para la Victoria (FpV, peronista) oficialista, Miguel Angel Pichetto, justificó la ley porque "se han incorporado a los holdouts", los tenedores de bonos en "default" que no aceptaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, ya que se les dejará depositado el dinero y, de esta manera, la Argentina demuestra "la voluntad indeclinable de pago".
El gobierno aspira a conseguir la promulgación de la ley antes del 30 de septiembre, cuando vencerá una obligación de pago por cerca de 200 millones de dólares.
Buenos Aires espera poder realizar así el pago en Argentina o Francia -segunda plaza de pago agregada a último momento- a los acreedores que acepten el cambio y evitar que los fondos vuelvan a quedar retenidos en Estados Unidos por orden judicial, tras el incumplimiento de Argentina del fallo del juez Thomas Griesa a favor de fondos de inversión especulativos ("buitres").
La norma prevé reemplazar al BoNY como agente fiduciario por una cuenta en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) administrada por Nación Fideicomisos.
El pago en dólares en la Argentina será de libre disponibilidad y no será afectado por las restricciones que rigen en el mercado de cambios local.
"Llegamos a esta situación por impericia, porque hay un fracaso de la gestión económica, realmente falló la diplomacia, falló la gestión económica y falló la gestión financiera", advirtió el jefe del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) opositora, Gerardo Morales.
La senadora del partido de centroderecha PRO Gabriela Michetti afirmó por su parte que el gobierno presentó este proyecto de ley porque tras "haber manejado de modo inconsulto las negociaciones" por la deuda "ahora necesita de la complicidad" del Congreso para "llevar al país a un default total". Según señaló el senador radical Ernesto Sanz, los principales puntos del proyecto no necesitan ser aprobados por el Congreso ya que pueden ser aplicados por decreto.
El oficialismo consiguió asimismo dar media sanción a la reforma de la ley de abastecimiento, con varias modificaciones en el texto original, con 38 votos a favor y 27 en contra.
La iniciativa contiene una serie de regulaciones de producción, precios y consumo porque en el oficialismo "no creemos en la mano invisible del mercado", según explicó el senador del FpV Pablo González.
El legislador explicó que el objetivo es "garantizar el funcionamiento transparente del mercado". Las pequeñas y medianas empresas que no son formadoras de precios fueron excluidas del proyecto luego de una serie de negociaciones. Sólo alcanza "al 1 por ciento de las empresas, las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios", indicó el senador kirchnerista.
El bloque radical votó en contra al considerar que "vulnera el orden jurídico constitucional y porque es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país", explicó el senador Luis Naidenoff.
El legislador radical advirtió que la reforma "sujeta toda la actividad económica a la discrecionalidad del secretario de Comercio".
Entre los cambios introducidos en la reforma de la ley de abastecimiento, se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; se estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación. (DPA)