El Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Fundar, Centro de Análisis e investigación, indicaron en un boletín que desde 2016 acompañan jurídicamente a las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla.
Señalaron que con el inicio del proceso jurídico se obtuvo la suspensión temporal del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), de la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro.
"Ello dio origen a una serie de eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento en contra de representantes comunitarios demandantes en el juicio, integrados en los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, así como en contra de las organizaciones y defensoras que acompañan el caso", indicaron.
Subrayaron que recientemente las comunidades han denunciado también la generación de un ambiente de tensión y desconfianza que busca dividirlas para dar paso a la construcción del proyecto.
Las agrupaciones resaltaron que de acuerdo con los peritajes existentes en el expediente, incluido el peritaje oficial, el PHP1, conformado por dos presas, tendrá impactos en el medioambiente como remoción de vegetación forestal, disminución en la calidad del agua, destrucción de ecosistemas ribereños y contaminación de acuíferos, entre otros.
Asimismo, recordaron que el caso fue comunicado al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Michel Forst, durante su visita oficial a México en enero de 2017.
En el informe derivado de su visita, Forst concluyó que "los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medioambiente que se oponen a proyectos a gran escala se enfrentan a actos de violencia a manos de personas vinculadas a las empresas que participan en esos proyectos".
El boletín recordó también que Amnistía Internacional ha denunciado que México es uno de los países más peligrosos para la defensa del territorio y el medioambiente, denunciando que tan solo este año 12 defensores han sido asesinados.
Por ello indicaron que, en conjunto con organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Oxfam México, hacen un "enérgico llamado al Estado mexicano, a nivel local y federal a garantizar la protección de las personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes como de las comunidades".