De acuerdo a un comunicado del organismo, la embarcación arribará a las áreas de alimentación y tránsito de especies marítimas como la ballena franca austral, con la intención de corroborar el daño ecológico que podrían causar las obras en la Cuenca Argentina Norte (CAN).
El Witness es un velero de 22.5 metros de largo construido en 2003 en Sudáfrica, diseñado para llevar adelante expediciones polares, y comenzó a operar bajo bandera de Greenpeace en 2021, previo a su llegada a la Argentina estuvo en Chile.
“Está diseñado para ser parte de un extenso y comprometido trabajo con las comunidades y ser testigo de lo que ocurre con los crímenes ambientales, como su nombre indica”, mencionó en el documento la coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace, Luisina Vueso, a bordo del navío.
El velero cuenta con paneles solares, turbinas eólicas y un sistema optimizado de administración de energía, aunque su forma principal de propulsión es a través de las velas, además cuenta con una quilla y timón que se elevan, por lo que puede navegar en aguas poco profundas, inaccesibles para barcos más grandes.
“Llegó al país para acompañar el trabajo que la organización viene realizando activamente junto a comunidades locales y organizaciones para frenar el avance de la industria petrolera sobre el mar argentino, lo cual podría generar impactos serios e irreversibles en el ecosistema y su biodiversidad”, agregó Vueso.
La problemática arrancó a fines de diciembre de 2021, cuando el Ejecutivo argentino, mediante una resolución del Ministerio de Ambiente, dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos en tres bloques de la CAN ubicados a entre 307 y 443 kilómetros de la costa de Mar del Plata.
La ciudad es el mayor centro vacacional de la costa atlántica del país suramericano, que vive del turismo y la pesca.
El proyecto de exploración es liderado por la compañía noruega Equinor, operadora de tres áreas, aunque en el bloque principal, CAN 100 -de 15,000 kilómetros cuadrados-, está asociada a la empresa estatal de hidrocarburos YPF y a la anglo-holandesa Shell, y en otro, CAN 114, solo a YPF.
A inicios de 2022, Greenpeace y otras organizaciones iniciaron acciones de amparo colectivo, que se unió a maniobras judiciales, para lograr el cese o suspensión de todas las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera en esa zona.
Para fines del año pasado, la Justicia resolvió levantar las medidas cautelares contra el proyecto, pero exhortó a las autoridades administrativas a mantener “un máximo nivel de control”, aunque para la ONG supondrá la “destrucción” de uno de los ecosistemas más relevantes del Atlántico sur.