La idea es transformar las actuales concesiones forestales que se otorgan al sector privado -dedicadas a la extracción sustentable de madera y que operan en selvas públicas de la Amazonía brasileña- en campos de bioeconomía y de investigación ambiental.
El estudio, apoyado por el Instituto Arapyaú y al que tuvo acceso EFE este miércoles, señala que de esa forma las concesiones podrían impulsar actividades adicionales como el ecoturismo, la explotación sustentable de frutos y plantas medicinales propios de la Amazonía brasileña, o adelantar investigaciones genéticas de las especies del bioma.
Esas actividades les permitirían generar créditos de carbono por Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los bosques (créditos REDD+) y luego comercializarlos mediante el mercado voluntario, un tema en el que países latinoamericanos como Perú, Colombia y México están bastante adelantados y en el que Brasil necesita despegar.
De acuerdo con Escolhas, hay potencial para generar desde 1.6 a 5.6 millones de créditos REDD+ por año, dependiendo de si las áreas establecidas están bajo mayor o menor presión por deforestación.
Este volumen duplicaría la oferta brasileña de este tipo de crédito y representaría un aporte de 7 a 24 millones de dólares anuales, considerando un valor promedio de 4.3 dólares por crédito.
Debido al comercio ilegal de madera y a la falta de incentivos, hoy en día las concesiones forestales solo ocupan un millón de hectáreas de selva pública en la Amazonía brasileña, menos de la quinta parte del área posible (5.6 millones de hectáreas).
"Buscamos estrategias para mirar cómo podemos mantener la selva en pie. La generación de créditos carbono remuneraría ese servicio ambiental y serían un incentivo adicional para las concesiones", aseguró a EFE Teresa Rossi, coordinadora de proyectos de Escolhas.
Un proyecto de ley que se basó en el estudio y que está en curso en el Congreso busca modificar el marco legal de las concesiones forestales para hacer esto posible, y ya se están rediseñando los modelos de licitación y de contratos para que incluyan y expliquen todas las alternativas que pueden generar créditos de carbono y su rentabilidad.
LA AMAZONÍA SE PUEDE CONVERTIR EN UNA BOMBA DE CO2
Datos oficiales señalan que sólo en 2020, la Amazonía brasileña perdió unos 10.300 kilómetros cuadrados de selva por la deforestación. Ese mismo año registró 103,161 focos de incendio.
La deforestación, los incendios y los cambios climáticos, disminuyeron en la selva amazónica la posibilidad de absorción de dióxido de carbono.
Según un estudio liderado por el Instituto Nacional de Pesquisas Ambientales (Inpe), publicado en la revista Nature en julio pasado, entre 2010 y 2018 la Amazonía emitió 1,060 millones de toneladas de CO2 por año, de las que 870 millones fueron de la selva brasileña.
"El potencial que tiene la Amazonía para ser colector de carbono es el mismo que puede convertirla en una bomba de CO2. Si seguimos desforestando en los niveles de los últimos años en Brasil, la Amazonía va a comenzar a ser un problema y dejará de ser una oportunidad de mitigación", señaló Rossi.
MADERA ILEGAL, EL DOLOR DE CABEZA DE LAS CONCESIONES
El margen de lucro de las concesiones forestales por la explotación sustentable de madera se ha visto cada vez más reducido por el comercio ilegal de este material en la Amazonía brasileña.
De acuerdo con Alexander Saraiva, comisario de la Policía Federal, el 99 % de la madera comercializada por Brasil es extraída ilegalmente de la Amazonía. "Y no estoy exagerando. Estamos hablando de madera nativa, no de eucalipto ni pino", aseguró a EFE.
Según el comisario, las corruptelas que existen en las entidades públicas y el no contar con una fiscalización adecuada promueven la extracción ilícita de madera, que es vendida a precios muy inferiores a la que procede de las concesiones forestales, porque los madereros ilegales no pagan derechos laborales, ni derechos de extracción, ni servicios esenciales para ese sector, como la energía, que casi siempre es robada.
El comisario lleva 18 años en la Policía Federal -10 de ellos en regiones de la Amazonía- por lo que conoce de cerca el tema. En abril el año pasado fue destituido de la Superintendencia del Amazonas, que comandaba, por denunciar la presunta interferencia del entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en investigaciones y fiscalizaciones de delitos ambientales.
La denuncia le costó la cabeza a Salles, que sigue bajo investigación.