Se trata de la menor devastación registrada en la más extensa selva tropical del planeta en un mes de noviembre, desde que comenzó a efectuarse la medición en 2015, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).
De acuerdo con las alertas registradas mensualmente por el Sistema de Detección de Deforestación de la Amazonía Legal en Tiempo Real (Deter), el área perdida de vegetación nativa en noviembre fue casi la tercera parte de la registrada en octubre (877 kilómetros cuadrados), cuando el mes batió un nuevo récord en la serie histórica.
Pese a la caída, ya son 8,142 kilómetros cuadrados de selva devastada en la Amazonía brasileña hasta noviembre.
"Esta disminución es importante, pero lamentablemente no hay motivo para festejar", aseguró Rómulo Batista, vocero de la campaña 'Amazonía' de la organización Greenpeace en Brasil.
Para el experto, la caída de la deforestación es "un hecho puntual que no fue provocado por algún acto del actual Gobierno" que, por el contrario, ha permitido "una epidemia de minería ilegal y la invasión de tierras públicas, unidades de conservación y reservas indígenas".
La Amazonía brasileña perdió 13,235 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor área degradada para un período de 12 meses en los últimos 15 años, y un área 22 % superior a la de 2020.
De acuerdo con la organización ambientalista, las amenazas en la Amazonía brasileña "continúan a todo vapor" por la invasión de tierras para la ganadería.
"Grandes mataderos del país han comprado ganado, directa o indirectamente, de fincas con deforestación ilegal ubicadas en áreas públicas federales y sospechosas de acaparamiento de tierras, contribuyendo con la destrucción ambiental y el caos territorial", señaló la ONG en un comunicado.
La deforestación de selva brasileña ha crecido por tercer año seguido desde que el líder ultraderechista Jair Bolsonaro asumió el Gobierno, en enero de 2019.
Los ecologistas atribuyen el agravamiento al discurso antiambientalista de Bolsonaro, que ha desmontado los organismos de fiscalización ambiental y defendido proyectos de explotación minera y agropecuaria, incluso en reservas ambientales e indígenas.