Seis jóvenes portugueses llevan a Estrasburgo la inacción climática de 32 Estados

Seis jóvenes portugueses llevaron este miércoles ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la inacción climática de 32 Estados, y lamentaron tras la audiencia que sus argumentos fueran minimizados por los Gobiernos.

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EFE/EPA/EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS/

"Lo que hemos oído es muy triste. Los gobiernos acaban de decir que lo que ocurre a nuestro alrededor no es importante. Intentan minimizar el impacto del cambio climático en nuestros derechos humanos", señaló Cláudia Duarte (24) en unas declaraciones tras la audiencia en la sede del Tribunal en Estrasburgo.

André Oliveira (15) coincidió con Duarte y se mostró "escandalizado" por que los países intentan "ignorar la evidencia y trivializar el daño que se afronta ya".

Oliveira detalló que en episodios de calor tiene que limitar el tiempo que pasa en el exterior y sufre dificultades para dormir. "Y gracias a la débiles políticas ambientales de estos países las cosas van a peor", aseguró.

Las declaraciones de los dos jóvenes llegaron tras el choque ocurrido en la Gran Sala del Tribunal durante la audiencia por esta demanda pionera, que acusa a 32 países europeos de atentar contra los derechos humanos por el perjuicio y a la amenaza a sus condiciones de vida creados por el cambio climático y las olas de calor que causan las emisiones de gases de efecto invernadero.

La presidenta del Tribunal, Siofra O'Leary, inició la audiencia enumerando los nombres de los 32 países citados en la demanda (eran 33 pero finalmente se retiró a Ucrania).

Después, los letrados de ambos lados presentaron al Tribunal los respectivos puntos de vista, en un intenso choque que enfrentó a seis abogados de los demandantes frente a 87 de los demandados, algunos de los cuales representaban a todos los gobiernos y otros solo a uno.

El abogado británico Sudhanshu Swaroop, uno de los letrados que intervinieron en nombre de los 31 Estados que responden a la demanda (no lo hace Rusia), cuestionó la admisibilidad del caso por parte del TEDH.

Swaroop recalcó que su opinión de que los demandantes portugueses no están bajo la jurisdicción de los demás Estados demandados, sino que su protección es responsabilidad del estado portugués.

También aseguró que los respectivos Gobiernos tienen el compromiso de combatir la crisis climática de manera "efectiva".

Otro de los abogados de los demandados, el portugués Ricardo Matos, apuntó a que los querellantes no tienen estatus de víctimas, ya que los perjuicios que alegan son abstractos, y consideró que la demanda es en realidad una "acción popular" no aceptable por el TEDH.

Una integrante del equipo legal de los demandantes, Alyson ,argumentó en favor de la extraterritorialidad del caso porque Portugal no puede protegerse de forma efectiva por sí solo frente a los efectos de la crisis climática.

Y señaló que si no decide a favor de los demandantes el Tribunal enviará el mensaje de que no tiene ningún papel en cómo se confronta la mayor crisis que afecta actualmente a Europa y al mundo.

Otro de los abogados de los demandantes, Gearoid O'Cuinn, lamentó en declaraciones a EFE que algunos de los estados, como Irlanda o Grecia, presentaron argumentos "que rayan con el negacionismo climático", al cuestionar o trivializar los efectos del cambio climático.

O'Cuinn explicó que la decisión del TEDH debería llegar dentro de entre 9 y 18 meses, pero confió en que sea en la parte más baja de ese período, porque el Tribunal "aceleró este caso", con una tramitación "en tiempo rápido".

Y destacó que una buena parte de los argumentos de hoy por parte de los demandados se centraran en cuestiones técnicas, como la admisibilidad, porque "los Gobiernos intentan eludir el escrutinio y buscan separar la admisibilidad del fondo del caso, que es lo importante".

La demanda fue presentada en 2020 por jóvenes (de entre 11 y 24 años) de varias zonas afectadas de Portugal por una grave ola calor e incendios forestales de 2017, que causaron 109 muertos y miles de hectáreas calcinadas.

Las partes demandadas son los 27 estados miembros de la Unión Europea, además del Reino Unido, Suiza, Noruega, Turquía y Rusia, lo que convierte al caso en el mayor relativo a cambio climático que trata el TEDH.