Se trata de Santiago Corcuera Cabezut, licenciado en Derecho por la Ibero y maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, así como Denise González Núñez, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Relaciones Internacionales por la Ibero, y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, Inglaterra.
Ambos cuentan con obras escritas entre las que destacan "Derecho a la verdad en el contexto de la desaparición forzada", "Desaparición forzada y trata de niñas", "La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas" y "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra", del maestro Corcuera Cabezut.
De la académica González Núñez sobresalen artículos en Human Rights Law Review (revista de Oxford University Press, editada por University of Nottingham); Mexican Law Review New Series (revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), y El Cotidiano (revista de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco), entre otros.
González Núñez encabezó proyectos vinculados a los temas de desapariciones y fosas clandestinas en México, y laboro en el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde colaboró en el litigio nacional e internacional de casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos en México.
Corcuera Cabezut fue integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, donde participó como asesor en los procesos legislativos en materia de desaparición forzada.
Los labores del Consejo Ciudadano incluyen el proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda estrategias para acelerar o profundizar acciones que mejoren el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas en la materia.
También acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas y dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.