“El Estado tiene una gran deuda con este país, con los periodistas y con sus familias”, dijo en entrevista Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México.
El Gobierno mexicano reportó el pasado 27 de octubre el homicidio de 260 periodistas en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos asesinados en lo que va de presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018.
El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, contabilizó 13 asesinatos de comunicadores en lo que va de año, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) registra 18.
Con estas cifras, inéditas con respecto a años anteriores, la situación resulta preocupante para organizaciones civiles y familiares de víctimas.
“Queda mucho a deber. Es un trago amargo recordar cada 2 de noviembre a los colegas. Recordarlos tiene que ver no solo con lo que hacían en vida o quiénes eran, implica reconocer un abandono por parte del Gobierno y también de la sociedad, que necesitamos que acompañe estas exigencias”, dijo a EFE Juan Vázquez, de la organización Artículo 19.
El 98 % de los crímenes contra la prensa permanecen en la impunidad y Flores recordó que hay 27 periodistas desaparecidos, cuyos casos no han tenido ningún tipo de avance.
Según los datos registrados por Artículo 19, cada 14 horas se registra en México una agresión a un periodista.
A pesar de estos datos, desde el Gobierno de México no cesan las descalificaciones a informadores, recurrentes en las conferencias de prensa diarias de López Obrador, quien señala, con nombre y apellido, a periodistas y medios de comunicación que publican información con la que él o su Gabinete no están de acuerdo.
“La descalificación de los periodistas no contribuye al respeto al ejercicio periodístico, porque en general la visión que tiene la sociedad es de un periodismo que no sirve, que no funciona, que está en contra del Gobierno”, compartió Balbina.
PONER EN VALOR LA PROFESIÓN
Lo mismo consideró Vázquez, cuya organización lanzó este miércoles la campaña Periodismo en Riesgo, que da cuenta de los riesgos que implica ejercer en México esta profesión, que para gran parte de la sociedad tiene un valor distinto a otras como, por ejemplo, bomberos o rescatistas.
“Para nosotros era interesante ponerlos en la misma posición para hacer ver que entre estas profesiones que salvan vidas también están los periodistas. Es una profesión de riesgo, no se trata de normalizar ese riesgo, sino de hacer ver que requiere de acciones para que ese riesgo no termine en consecuencias”, detalló.
Es imprescindible, por tanto, un discurso “directo” de reconocimiento de la profesión de los comunicadores por parte de las autoridades, un reconocimiento de la necesidad de un periodismo “ético y profesional”, opinó Flores.
Ambos expertos reconocieron que en el último año, ante los crecientes niveles de violencia y “por presión social”, hubo un leve viraje por parte del Gobierno mexicano en cuanto al reconocimiento de la necesidad de hacer justicia en los casos de periodistas asesinados.
EN TERRITORIO GRIS
Sin embargo, la mayor parte de los crímenes siguen impunes y permanecen en un territorio “gris”, consideró la representante de RSF.
“De pronto tenemos un discurso, tenemos algunas acciones como detenciones o sentencias, pero finalmente es como una justicia a medias, porque ni están todos detenidos, ni todas las investigaciones están agotadas y no se ha seguido de manera cuidada la investigación sobre el ejercicio periodístico. Estamos en una situación gris”, afirmó Flores.
“Los colegas siempre estaremos ejerciendo la memoria y exigiendo justicia. Cambiarán gobiernos, cambiarán personas pero no han cambiado las condiciones, no hay interés ni voluntad política y el contexto cada vez es más adverso para la prensa en México”, concluyó Vázquez.