El propósito es reconocer y garantizar en la legislación los lugares y centros de cuidado del adulto mayor, tener un control de los mismos, que garanticen una atención, protección y cuidado de calidad y que dignifiquen los derechos humanos de los adultos en el país, subrayó la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Así, se incorporan los conceptos de: Albergue para adultos mayores, albergues privados, albergues de asistencia social, casa hogar para adultos mayores y centro de día.
Además, se busca garantizar que las personas cuenten con la información necesaria respecto a los especialistas en geriatría que cuenten con su registro y las instituciones que cuentan con dicha especialidad mediante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
También, dijo, se establece la obligación de contar con un registro nacional de las instituciones de atención al adulto mayor, así como garantizar que en la prestación de los servicios se cuide y fortalezca la salud de las personas adultas mayores.
Al exponer los motivos que generaron su propuesta, la senadora por Sinaloa advirtió que México no está preparado para lo que representa la economía del cuidado de dicho grupo vulnerable, tales como albergues, casa de diario y de todo lo que tiene que ver con una política bien direccionada en favor de la tercera edad.
Detalló que en 2002 se realizó la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento con la finalidad de ayudar a los gobiernos en la planeación y elaboración de políticas públicas que aseguren a las personas adultas mayores un pleno desarrollo y continúen aportando en la medida de su capacidad, a la sociedad a la que pertenecen.
En esta, se hizo especial hincapié en la importancia de asegurar que las cuestiones del envejecimiento se ubiquen en un nivel básico en todos los programas de políticas tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, recalcó que entre los principales objetivos del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, se plantea el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el envejecimiento en condiciones de seguridad, así como el fomento a la participación de las personas en todos los ámbitos de la vida, entre otros.
En México, especificó, se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a fin de fomentar el desarrollo integral de las personas de 60 años y más, promoviendo entre otras acciones la asistencia social, igualdad, servicios de salud, así como las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y una mejor calidad de vida.
Además de contar con este instituto -explicó- existen instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores que facilitan su atención y cuidado.
Actualmente, dijo, los adultos mayores reciben los servicios del Inapam a través de 31 delegaciones estatales, mil 342 subdelegaciones municipales, cuatro mil 700 clubes de la tercera edad a nivel nacional y cuatro centros culturales.
Asimismo, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia ha trabajado para disponer de una red de 191 casas hogar, 221 estancias de día, 18 centros culturales, 11 albergues, siete campamentos recreativos y cuatro mil 559 grupos de atención especial, con lo que se coadyuva a las tareas de atención a los adultos mayores.
Sin embargo, “es necesario enfrentar el fenómeno del envejecimiento poblacional y con ello la mayor frecuencia de personas que sufren algún grado de dependencia o invalidez, lo que trasciende de forma importante en la familia y la sociedad, ya que habrá de repercutir en una mayor vulnerabilidad en este segmento de la población”, apuntó la legisladora.
Por otra parte, mencionó que el Inapam estima la existencia de tres millones de personas adultas económicamente activas, de los cuales dos millones trabajan en empleos informales y solamente alrededor de siete millones de adultos dependen de su familia o están abandonados a su suerte.
Sin embargo, según especialistas, para 2050 habrá alrededor de 51 millones de mexicanos en edad adulta que probablemente no cuenten con pensión, por lo que el país deberá enfrentar a un reto transformador de políticas públicas y el marco jurídico que regula y reconoce los derechos del adulto mayor.