Cada partido debe ser responsable del manejo de dicha información a fin de tomar las decisiones que considere pertinentes.
Sin embargo, el gobierno no ha certificado a los candidatos de ningún partido político respecto a posibles vínculos con el crimen organizado, ya que ésta no es una atribución que se encuentre dentro de sus facultades. Son los partidos políticos los que deben llevar a cabo una investigación adecuada de sus propios candidatos a puestos de elección popular.
La Secretaría de Gobernación ha puesto a disposición del partido político que así lo solicite, un protocolo de seguridad, el cual consiste en una metodología que podría aplicar voluntariamente como parte de los procesos de evaluación de sus candidatos.