Debido a los cambios a la Constitución y a las leyes secundarias recientemente aprobadas en materia energética, Pemex se encuentra en una posición extremadamente vulnerable ante los próximos agentes que competirán por satisfacer la creciente sed de combustibles fósiles del mercado mexicano. Tan pronto como en 2016 la iniciativa privada ya podrá distribuir combustibles en todo el territorio nacional. Además al año siguiente el sector privado podrá importar combustibles para vender en México.
Con la capacidad actual de la paraestatal se cubre alrededor del 51 por ciento de la demanda de gasolinas y alrededor del 71 por ciento de la demanda de diésel. Hay que destacar que este último rubro ha tenido un desarrollo constante del parque vehicular a diésel, pues la demanda del sector autotransporte por dicho combustible ha crecido en más del 50 por ciento desde 2002 hasta 2012. Sin embargo, la calidad del diésel que se distribuye en México está lejos de cumplir los estándares internacionales para mitigar las emisiones de partículas, es excesivamente contaminante e impide que se incorporen nuevas tecnologías a los vehículos pesados que requieren un diésel de ultra bajo azufre. Con la entrada de nuevos actores Pemex podría verse rebasado ante la demanda de combustibles de contenido ultra bajo azufre (UBA) por la entrada de nuevas tecnologías en los vehículos y por razones ambientales.
En 2009 la paraestatal entró en incumplimiento de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, al no poder distribuir diésel de ultra bajo azufre (UBA, equivalente a 15 partes por millón de contenido de azufre) en todo el territorio nacional. Actualmente se sabe que el diésel que se consume en México contiene 500 ppm de azufre, (a excepción de la frontera norte del país y de los sistemas de transporte de tipo Metrobús en DF, Guadalajara y Monterrey). Siendo este tipo de combustible el que más contamina puesto que, con la tecnología actual de los vehículos, al ser quemado el 75 por ciento de las emisiones está compuesto por el denominado “black carbon”, cuyos efectos son altamente nocivos para la salud del ser humano y para el cambio climático.
Dado el antecedente de incumplimiento, demandamos un compromiso de Pemex. Pedimos que se haga pública la ruta crítica para la reconfiguración de las refinerías del país, para que estas puedan expandir su capacidad de refinación de gasolinas y diésel (ambos combustibles en su modalidad UBA) para mitigar los efectos a la salud y al cambio climático y estén en las mejores condiciones para la entrada de la competencia privada. Una vez que Pemex cumpla con la NOM-086 con la que desde hace más de 5 años está en falta, la industria automotriz ya no tendrá ningún impedimento para implementar los avances tecnológicos que reducen las emisiones de partículas y de otros contaminantes en más de un 90 por ciento, como lo exigen los estándares “Euro VI” de Europa y “EPA 2010” en Estados Unidos.
Una vez que haya distribución de diésel UBA en todo el país, y como se espera, las normativas de salud y ambientales sean más estrictas, y las armadoras procedan a equipar a los vehículos destinados al mercado interno con la mejor tecnología, (que dicho sea de paso lo están haciendo para más del 80 por ciento de los vehículos ensamblados en México, autos fabricados para la exportación), las nuevas tecnologías no admitirán el uso de diésel a 500 ppm de azufre. Luego entonces con la capacidad de refinación de diésel UBA de Pemex, de alrededor del 34.6 por ciento de la refinación presente total del diésel producido en México, importando alrededor del 32 por ciento de la demanda interna (en el año 2012), y con la entrada del sector privado, el potencial de Pemex para satisfacer un mercado interno de diésel UBA es claramente insuficiente.
De no contar con este compromiso de parte de Pemex es probable que por las futuras condiciones del sector energético, la paraestatal deje en manos del sector privado el mercado del diésel en México. Un mercado que el año pasado vendió 211,471.4 millones de pesos. Es decir que se estaría entregando alrededor del 26 por ciento del mercado total de petrolíferos (gas natural, gasolinas, turbosina, diésel, combustóleo, y asfaltos entre otros) al sector privado. Cabe añadir que se espera un crecimiento en el mercado del diésel del orden de 58 por ciento a lo largo de los próximos 13 años.
EPC demanda a Pemex y a la Comisión Reguladora de Energía presentar un calendario para la producción, introducción y distribución de este combustible en territorio nacional estableciendo el compromiso de las armadoras mexicanas de introducir los vehículos con la tecnología más avanzada disponible y menos contaminante en el mercado nacional y no reservar dicha tecnología sólo para la exportación.