La ayuda fue anunciada hoy por el director de Exploración y Producción de la petrolera estatal brasileña, José Formigli, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.
El apoyo también será ofrecido a la multinacional Transocean, contratista de Chevron en Brasil, contra la que también fue expedida la orden judicial para que suspenda sus actividades en el país.
Las dos compañías enfrentan un proceso en los tribunales por su responsabilidad en un vertido de 3.700 barriles de crudo ocurrido en noviembre pasado en una concesión en aguas profundas frente al litoral del estado de Río de Janeiro.
"Vamos a ayudar a Transocean y vamos a ayudar a Chevron en esa tarea de mostrarle a la justicia que, en nuestra opinión, no hay razón para el embargo (de las actividades de las empresas) aquí en Brasil", afirmó el dirigente de Petrobras.
Según Formigli, en la decisión de ayudar a las dos compañías tiene que ver el hecho de que Petrobras tiene contratadas ocho sondas de exploración en aguas profundas de Transocean.
El funcionario admitió que la suspensión de las actividades de Transocean perjudicaría a Petrobras porque podría operar ninguna de esas ocho sondas.
"La paralización de esas sondas que usamos en la exploración de petróleo lógicamente tendrá un impacto para Petrobras. Es por eso que nuestro departamento jurídico está trabajando junto con Transocean y, en la medida de lo posible, de forma articulada con la Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador)", aseguró.
El dirigente afirmó que, pese a respetar la decisión judicial, Petrobras ayudará a las dos empresas a que intenten revertir la sentencia con un recurso ante una instancia superior.
El Tribunal Regional Federal de la Segunda Región (comarcas del sudeste de Brasil) fijó a finales de julio un plazo de treinta días para que la petrolera estadounidense y su contratada suspendan las actividades de extracción y transporte de crudo en Brasil.
La decisión es el colofón del proceso iniciado a finales del año pasado luego del vertido de petróleo registrado en el campo de Frade, una de las concesiones de la empresa estadounidense en la cuenca marina de Campos.
Chevron selló y abandonó el pozo siniestrado pero continuó operando en la región hasta marzo, fecha en la que anunció la suspensión "voluntaria" de todas sus actividades en la zona después de que se registrara un nuevo vertido de pequeñas dimensiones en el mismo lugar.
Además de exigir la suspensión de las actividades de ambas empresas, el Ministerio Público Federal pide una indemnización de 20.000 millones de reales (unos 10.000 millones de dólares) por los daños sociales y ambientales provocados por el derrame.
En julio pasado, la ANP anunció la imposición de una multa de 50 millones de reales (unos 25 millones de dólares) a Chevron por el vertido.