El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, dijo que “una política pública de administración de riesgos es tan importante como la política fiscal y la monetaria”.
Confió en que este convenio pueda firmarse durante la 29 Convención de Aseguradores AMIS, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo.
El Estado invierte cinco mil millones de dólares en aseguramiento al año (incluyendo el bono catastrófico y el Fondo Nacional contra Desastres Naturales, daños de empresas del Estado, seguros a funcionarios públicos, entre otros), con lo cual el gobierno federal participa con 20 por ciento del sector asegurador.
Durante la presentación de la 29 Convención Aseguradores AMIS, aseguró que esta política apoyará a lograr un crecimiento de 4.0 por ciento y a preservar la estabilidad económica, que es la base para atacar la pobreza y combatir la corrupción.
En conferencia de prensa, el directivo insistió en que construir una política de administración de riesgos es brindar al Estado una herramienta para que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sea un éxito.
El sector asegurador dijo estar dispuesto a trabajar para apoyar al gobierno federal en sus diversos objetivos, muestra de ello, es que en el primer trimestre de 2019, las aseguradoras mostraron un crecimiento de 12.5 por ciento en términos nominales y 7.5 por ciento en términos reales, por arriba del 3.5 por ciento estimado.
El director general de la AMIS, Recaredo Arias, afirmó que el sector ve muchas oportunidades de crecimiento con el Plan Nacional de Desarrollo, en particular con el de infraestructura, así como en el Plan Nacional de Salud.
La estrategia del sector encaja con los objetivos del gobierno federal, por lo que ya trabajan con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en el diseño de seguros asociados a los programas sociales como "Jóvenes Construyendo el Futuro" y las "Becas Benito Juárez".
De acuerdo con los directivos, hay riesgos que representan desafíos importantes como el de ataques cibernéticos, que generó que en 2017 uno de cada cuatro mexicanos enfrentará este problema.
Otros de los riesgos emergentes que se enfrentarán hacia delante son los sociales, ambientales, geopolíticos y económicos.
Según cifras de la AMIS, los bienes humanos y patrimoniales que están expuestos a desastres naturales y que carecen de protección financiera ascienden a 22 mil millones de dólares.
En 2018, el sector asegurador en México pagó 11 mil 386 millones de pesos de siniestros, muy por debajo de lo que reportó de indemnizaciones en 2017, cuando pagó 38 mil 500 millones de pesos, de los cuales 33 mil millones de pesos correspondieron a los sismos de septiembre de ese año.