La declaración como testigo de Botín ante la Audiencia Nacional se centró en aclarar los pormenores del proceso por el cual su grupo adquirió el español banco Popular después de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea interviniera la entidad el 7 de junio de 2017.
Según indicaron a Efe fuentes jurídicas, Botín admitió haber recibido las llamadas tanto del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, como del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para mostrarle su preocupación por el estado del Popular, una sensación que compartía el mercado.
Si bien aclaró que ni el organismo regulador ni Economía le presionaron "en absoluto", reconoció que el Santander recibió en mayo una invitación para participar en el proceso de venta privada del Popular.
En él, indicó, pudieron intervenir Rodrigo Echenique, como presidente de Santander España en esa época, y sus equipos, aunque ella nunca tuvo ningún contacto al respecto en este trámite.
Tras estudiar el proceso, el banco concluyó que "había un deterioro de confianza en el Popular", una circunstancia que, entendieron, supondría hacer reservas.
Pese a ello, recalcó que, hasta donde sabe, el Popular cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, si bien arrastraba un problema de liquidez.
También estaba por debajo de la media de provisiones del mercado, aunque se mantenía dentro del marco fijado por la ley.
A raíz de este análisis, el Santander no llegó a presentar entonces una oferta, y es que, en opinión de Botín, la compra no era posible en mayo en condiciones de mercado.
BARAJARON LA COMPRA SI ERA RESUELTO
Aún así, sí que explicó que el Santander barajó la posibilidad de comprar el Popular en caso de que éste fuera intervenido por las autoridades.
En concreto, la decisión de participar se tomó el 23 de mayo, apenas quince días antes de la resolución, y se delegó en la ejecutiva, puntualizó.
A su parecer, el Popular tenía una cartera de pequeñas y medianas empresas (pymes) "muy atractiva", no presentaba un déficit de provisiones, tampoco había evidencias de posibles incumplimientos en materia de tasación, y, además, cumplía con las ratios en el momento de su intervención.
LA RESOLUCIÓN
En su interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Botín dijo que entre el 2 y 3 de junio recibieron una llamada, supone que a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que se les informaba del proceso de resolución del Popular.
A pesar de que no lo pudo asegurar con certeza, cree que la JUR contactó a "bastantes entidades", y que incluso pudo plantear la oferta a algunos bancos extranjeros que operasen en España.
Sobre los detalles de la compra, resaltó que el Santander recibió la misma información que los demás, y que no dispuso de otros datos más allá de los que utilizaron para elaborar el informe sobre la venta privada en la que finalmente no participaron.
Además, recordó que aunque la compra se cerró por un euro, el coste que tuvo la operación para su entidad, que "se centró en no perder ningún cliente del Popular", fue una ampliación de capital de 7,000 millones de euros.
La causa comenzó en octubre de 2017, con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.