Cuatro medidas que México podría adoptar para acelerar el logro de la inclusión financiera

El Banco Mundial propone cuatro medidas que el gobierno mexicano podría adoptar para acelerar la inclusión financiera y resolver los desafíos del país en la materia.

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En su blog, Gloria M. Grandolini, directora senior de la práctica global de Finanzas y Mercados del Grupo Banco Mundial, señaló que México debe aprovechar las entidades no bancarias para llevar servicios financieros a las poblaciones de difícil acceso.

"Las instituciones financieras no bancarias de México ya ofrecen servicios a unos 10 millones de personas, mientras que puntos de acceso que son propiedad de terceros (tales como agentes bancarios y canales de acceso electrónico) operan en la actualidad en comunidades remotas. Si pudieran llegar a una escala suficiente, podrían ampliar significativamente el alcance de la infraestructura bancaria y de los productos financieros", explicó.

También se requiere garantizar que los bancos de desarrollo puedan cumplir su función de manera eficaz y sostenible para llevar servicios financieros a las poblaciones excluidas del sistema financiero y a las empresas desatendidas en las zonas rurales. Estas instituciones, indicó, deberían concentrarse en atraer financiamiento del sector privado para promover y profundizar la inclusión financiera.

Grandolini indicó que estos bancos resultan cruciales en la ampliación de los servicios financieros para los beneficiarios de transferencias gubernamentales, más allá de sólo dar acceso a una cuenta para transacciones, como lo ha empezado a hacer Bansefi con los 4 millones de beneficiarios del programa "Prospera" de la Secretaría de Desarrollo Social.

Además se necesita migrar a instrumentos electrónicos los pagos de gran volumen y de bajo monto, tales como las remesas y los desembolsos gubernamentales.

La directora recordó que en 2015, los emigrantes enviaron aproximadamente 25,000 millones de dólares por concepto de remesas a México, principalmente en efectivo. Esas transacciones pudieron ser traspasadas al sistema regulado mediante productos financieros bien diseñados.

"México ha hecho importantes avances en la migración de los desembolsos gubernamentales a sistemas de pago electrónicos, pero un número estimado de 6,2 millones de adultos no bancarizados aún reciben en efectivo el pago de los sueldos del sector público o de las transferencias sociales", dijo.

Finalmente, el Banco Mundial propone aumentar la confianza en el sector financiero formal y garantizar el acceso financiero responsable.

Si bien México ha aprobado una legislación para mejorar la protección al consumidor financiero, casi el 40 de los adultos mexicanos no bancarizados menciona la desconfianza en el sistema financiero como un obstáculo principal para ser titulares de cuentas, un porcentaje mucho más alto que el promedio de 13 en América Latina.

La mayoría de los adultos también no entiende los productos financieros básicos, según la encuesta nacional. Una mayor capacidad financiera de los hogares puede ayudar a las personas a elegir los servicios financieros que necesitan, y aumentar los niveles de confianza, acceso y uso de los productos.

Gloria M. Grandolini comentó que hay cinco desafíos que el país debe abordar para avanzar en la inclusión financiera.

Estos desafíos son: asegurar que el acceso y los servicios financieros se extiendan a poblaciones a las cuales es difícil llegar, entre ellas las mujeres y los habitantes pobres de las zonas rurales; incrementar la capacidad y los conocimientos financieros de las personas para que entiendan los diferentes servicios y productos financieros; así como cerciorarse que todos tengan documentos de identificación válidos.

También se encuentran los retos de concebir productos financieros útiles y pertinentes, y establecer marcos apropiados sobre la protección al consumidor financiero.

"La normativa de México se ajusta a estos desafíos comunes, pero pone énfasis en las necesidades propias del país", expuso Grandolini.

Reiteró el compromiso del Banco Mundial a apoyar a México con servicios financieros, de conocimientos, de asesoría y de convocatoria para fortalecer la supervisión del sector financiero, fomentar el crédito y ampliar la inclusión financiera.

"Ayudar a México a lograr sus objetivos en materia de inclusión financiera no solo mejorará las condiciones de vida de unos 43 millones de personas, sino también ayudará al mundo a estar un poco más cerca de conseguir el acceso universal a los servicios financieros a más tardar en 2020", concluyó.

Fuente: CINU