La compañía acordó esta cantidad con las autoridades de seis condados afectados por los incendios, que a su vez declinaron presentar cargos criminales contra PG&E, ya que la legislación actual limita la responsabilidad de las eléctricas en el caso de que los fallos de sus instalaciones causen incendios forestales.
Según el acuerdo, PG&E se compromete a repartir 55 millones a organizaciones sin ánimo de lucro y reembolsar a los condados por los costos de investigación.
También instaura un mecanismo para que los propietarios que perdieron sus viviendas, y que no estaban asegurados, puedan reclamar indemnizaciones.
Según una investigación de la Comisión Pública de Suministros de California, el fallo en una línea eléctrica de PG&E que entró en contacto con un árbol causó el pasado verano el incendio Dixie, el segundo mayor en la historia de California, que arrasó 400,000 hectáreas y destruyó 1,300 edificios.
El acuerdo también incluye otro fuego de 2019, conocido como Kincade, en el que ardieron 30,000 hectáreas y más de 300 inmuebles resultaron arrasados.
Ese incendio se originó por las chispas procedentes de un cable roto e inutilizado desde hacía años, pero que no se desconectó de la red, determinaron los investigadores.
El arreglo no incluye el incendio Zogg, ocurrido en el otoño de 2020, en el que murieron cuatro personas y por el que PG&E afronta cargos de homicidio involuntario.
"El procedimiento penal prevé condenas limitadas contra las corporaciones", dijo la fiscal del condado de Sonoma, Jill Ravitch, en declaraciones recogidas por el diario Los Ángeles Times, que recordó que PG&E pagó 4 millones de dólares por un incendio de 2018 en el que murieron 84 personas.