Acusan ejidatarios queretanos a dirigente campesina de timo

Ejidatarios de la comunidad de San Vicente Ferrer, municipio de El Marqués, acudieron a la Legislatura local para acusar a la activista Concepción Herrera de haberles quitado parte de la producción de su pozo de agua.

Los ejidatarios, encabezados por Manuel Cárdenas, se presentaron a la reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la LVI Legislatura para denunciar el hecho y solicitar apoyo a los diputados locales.

Manuel Cárdenas expuso que ya fue a pedir una explicación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde le dijeron que el pozo dos San Vicente Ferrer ya no está a nombre de los ejidatarios, sino de Concepción Herrera.

“Yo tengo el título de propiedad a nombre de los ejidatarios de San Vicente Ferrer, que nos ampara como dueños del pozo, pero Concepción Herrera nos hizo tontos porque no sabemos leer ni escribir”, refirió.

Supuestamente Concepción Herrera, quien es dirigente de Alianza Campesina en la entidad, iba a aportar recursos para mejorar las condiciones del pozo de agua con un riesgo de aspersión.

Sin embargo, de los 440 mil metros cúbicos de agua que produce el pozo, al parecer la acusada sustrae 200 mil metros cúbicos sin que haya documentos oficiales que lo permitan.

El quejoso dijo tener un cheque expedido por Concepción Herrera a los ejidatarios de San Vicente Ferrer por la cantidad de 900 mil pesos, pero cuando fueron a cobrarlo el documento no tenía fondos.

Por esa situación, demandó a la dirigente campesina ante el Ministerio Público, pero “por mi ignorancia retiré la demanda, a petición de ella, y resulta que el cheque seguía sin fondos”.

El quejoso dejó claro que los ejidatarios de San Vicente Ferrer ya no solicitan el dinero de Herrera, sino que se les devuelvan el poder de operación de los 440 mil metros cúbicos de agua.

Los legisladores Juan Fernando Rocha Mier y Joaquín Cárdenas Gómez se comprometieron a formular un exhorto a la Comisión Estatal de Agua (CEA), Conagua y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a fin de fincar las responsabilidades correspondientes.